En esta misma línea, el senador nacional por la UCR (Unión Cívica Radical) expresó su temor que el caso quede solamente en denuncias periodísticas y se mediatice. “Creo que la Justicia debe investigar”, sentenció Martínez.

De este modo, tanto dirigentes provinciales como nacionales de la oposición, coincidieron en que ante los informes presentados en el programa Periodismo Para Todos (PPT) que conduce Jorge Lanata, los casos deben ser investigados por la justicia, aunque admitieron que las presiones política del oficialismo podrían demorar o paralizar las causas.

Sobre esto, Martínez consideró grave que de los 21 nuevos conjueces propuestos, “por lo menos 18 tienen una relación directa con el Gobierno o con algunos personajes del Gobierno”, dijo Martínez.

En este contexto, el diario Clarín publicó el sábado que ya habría habido algunas presiones sobre la nueva conjueza Askenazi ( ver nota aparte), a quien uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, le habría sugerido que se aparte de la causa. No obstante, el requerimiento de Marijuan para que el expediente regrese a Buenos Aires, llevaría nuevamente la investigación fuera de este ámbito.

Expectativas

“Hay jueces que van en el buen camino, porque ahí es donde está la punta del ovillo y hay que dejar que la Justicia actúe y esperemos que a pesar de esta supuesta democratización de la Justicia, queden jueces con el coraje suficiente para avanzar en estas cuestiones”, remarcó el senador santacruceño.

Martínez también evaluó que “hay denuncias claras y concretas, con varias puntas que se pueden investigar y claramente es eso lo que la Justicia tiene que hacer”. Así se refirió a ex funcionarios provinciales y opinó que: “Lo importante es darse cuenta que todo eso que ocurrió no sólo dio la posibilidad de que algunos hayan hecho un patrimonio infernal, imposible de justificar, sino que toda esa plata se fue dejando de utilizar en otros lados”.

Nuevo escenario político

Sobre los contactos multipartidarios iniciados en la provincia, para derogar la Ley de Lemas y la reelección indefinida, Martínez destacó que la UCR mantuvo siempre esa posición contraria a estas modificaciones que tuvo el sistema electoral de Santa Cruz.

Recordó que como presidente de los convencionales de la oposición cuando fue la segunda reforma y tras exponer la posición de la UCR se levantó de la sesión, “porque no queríamos ser cómplices y avalar una medida como esa”, por lo que celebró esta búsqueda de consenso.

Sobre la posibilidad de que esto sea parte de una pelea interna del PJ, Martínez festejó que “si esa pelea interna sirve para hacer justicia, bienvenida sea”.

Los informes de PPT que impulsaron la causa

Si bien desde hace varios años, la diputada Elisa Carrio llevó a los estrados judiciales una serie de denuncias contra funcionarios y empresarios allegados, este año esas presentaciones cobraron nuevo impulso con los informes del periodista Jorge Lanata.

Así desde el programa PPP, se pudo conocer la existencia de mecanismos que permitirían sacar dinero del país, que sería proveniente de sobre precios de la obra pública.

Sobre este tema el senador Martínez dijo: “ya nadie puede dudar de estas denuncias, de la cartelización y sobreprecios en la obra pública y nadie puede dudar que es muy difícil que alguien que no se haya sacado la lotería pueda pegar un salto tan grande en su patrimonio y esto debe investigarse”.

Además valoró el rol de la oposición y recordó que en nuestra provincia se generaron algunas de las principales denuncias.

Martínez, dijo contar con documentación de archivo que da cuenta que la UCR viene denunciando la cartelización de la obra pública en la provincia desde 1992.

Según el legislador, lo hecho en Santa Cruz “es la génesis de este modelo que hoy se trasnpola a todo el país, que genera a través de la cartelización de la obra pública, los sobreprecios y el financiamiento de la política y de cuestiones personales”, sentenció.

Anoche, desde el programa PPT, se anunció que se mostrarían algunas de las 200 imágenes fotográficas que demostraría que se desmontó una bóveda y que se habría intentado ocular información y documentación fundamental para la causa.