Mientras la Justicia analiza la denuncia por posible “defraudación” y “asociación ilícita”, entre otros delitos, contra el Delegado de la Agencia de Recaudación Tributaria, Federico Martínez, su esposa, Mariela Tello, suegro, Agustín Luis Tello, y otra personas, uno de los investigados salió por primera vez a aclarar su participación en la operatoria de compra de un lote en una cuestionada subasta.

Agustín Luis Tello concurrió al programa radial “En estos días” (sábados, de 9 a 12 horas, por FM Horizonte), luego de escuchar a uno de los denunciantes, Gustavo Jarsun, quien califició al grupo investigado como una “banda”. En ese marco, dijo que existe una “campaña” en su contra, y explicó que las denuncias que lo involucran generaron una “crisis” en su familia.

Sin embargo, admitió que compró el lote de la Península San Pedro que su yerno, Federico Martínez, en su calidad de titular de la Delegación de Rentas local, sacó a remate a mediados del año pasado. Tello aseguró que Martínez no influyó en la resolución del organismo tributario, aunque no supo responder si el funcionario participó en algunos de los pasos administrativos necesarios para la convocatoria a subasta.

Tal como informó ANB, la propietaria del lote -valuado en unos 200 mil dólares- denunció que el terreno fue sacado a remate sin haberse cumplido con las notificaciones correspondientes, y que se llegó a esa instancia por una deuda de apenas 5.500 pesos. El terreno fue señado en la subasta por Tello, y los casi 300 mil pesos correspondientes a la operación fueron puestos por su consuegra -madre de Martínez-, Maria Cristina Medus Rosenbrock. Durante la improvisada entrevista radial, Tello confirmó que la mujer puso el dinero y que, luego, no reclamó la propiedad del lote. “Fue un arreglo de familia”, argumentó el martillero denunciado.

El profesional dijo desconocer si la legislación provincial prohíbe a los familiares de funcionarios participar de operatorias como la mencionada, y adjudicó a una “campaña mediática y política” la denuncia y la difusión del hecho.

Insistió en que compró “de buena fe”, y justificó que a los pocos meses vendió el terreno a Susana López, en unos 600 mil pesos, es decir el doble del monto que su consuegra había pagado. López también fue denunciada como presunta integrante de la “asociación ilícita”, ya que adquirió el lote a un precio todavía muy por debajo de lo que pauta el mercado inmobiliario.