El asesinato de Pedro Nicanor Quijano, se convirtió en el disparador de una intensificación en el reclamo que realizaron los propios taxistas quienes hicieron sentir su malestar ante la indefensión que atraviesa el sector debido a la falta de garantías en materia de seguridad que alegan los choferes por ser víctimas de múltiples hechos delictivos.

En razón de esta situación, desde las ramas gremiales que agrupan a los taximetreros se impulsa la presentación de una demanda judicial en contra de la Municipalidad con el objeto de exigirle al órgano de gobierno que se aboque al cumplimiento de las respectivas ordenanzas que regulan y normativizan controles para los vehículos que forman parte del SUTRAPPA.

De acuerdo a lo señalado por Hugo de la Cuesta, secretario gremial de la Asociación de Propietarios de Taxis, los requerimientos que avancen en este sentido ya fueron elevados por el sector con anterioridad pero hasta el momento no obtuvieron una contestación al respecto.

"Lo que nosotros veníamos pidiendo es sobre la ilegalidad que existe en el Municipio capitalino y también de otras jurisdicciones. Nosotros ya lo habíamos hecho conocer en notas y plasmada también en escritos a la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante", explicó y advirtió que "nunca hemos tenido respuesta sobre esto", resaltó el dirigente en declaraciones a la emisora radial LV12.

Vinculado a ello, indicó que la aplicación de medidas tendientes a generar mayores posibilidades de prevención redundaría en el resguardo de todos los factores involucrados en esta prestación de servicio.

Así, precisó que solicitan el "saneamiento general para que conozca la comunidad quiénes son los dueños, cuál es el auto y quiénes son los choferes". En este sentido, se brega por la elaboración de un Registro Único de Choferes cuya administración dependa exclusivamente del municipio.

De la Cuesta afirmó que "el permisionario que no tenga en condiciones su vehículo, la verificación técnica como los papeles, lamentablemente tiene que salir de circulación".

Insistió, asimismo, en la cabal gestión de las normativas por parte de las autoridades competentes. "Si esta ordenanza no se cumple, vamos a hacer una presentación judicial ante el Municipio capitalino", anunció.

"Los funcionarios municipales son los responsables directos de esto, porque el SUTRAPPA trabaja con un plantel de personas que son siete, imagínense la cantidad de gente para atender diariamente y la cantidad de expedientes", justificó como forma de hacer notar el virtual desfasaje en el que se encuentra el sistema actual de este tipo de transporte. Dado este contexto, alegó que "esto imposibilita hacer un control mayor estricto. Esta ordenanza tendría que estar en vigencia, exigimos que se cumpla".

Vale recordar que el concejal José Luis Avignone (UCR) afirmó que un 25 por ciento de los taxis no cuentan con la debida reglamentación, por lo que argumentó que en la ciudad circulan cerca de 10 mil autos cuando en realidad el límite establecido por el propio SUTRAPPA es fijado en los 7.500 vehículos. Al tiempo de resaltar que sólo hay 400 licencias definitivas mientras que el resto han sido entregadas en forma transitoria, desde el Sindicato de Peones de Taxi no se descarta la existencia de una municipalidad paralela.