Las imputaciones a quienes Corregido calificó como partícipes necesarios del delito de defraudación a la administración pública, según un dictamen que elevó al juez Carlos Skidelsky el año pasado, deberían ser desestimadas o ratificadas en ronda de indagatorias. Este martes el fiscal Federal formalizó el pedido al magistrado.

Cabe recordar que la causa, en la que ya se habían presentado a declarar un comerciante de Fontana y algunos funcionarios del ministerio de Desarrollo Social, fue presentada por Corregido como un "ardid" que requería la participación de los responsables de los comercios en los que se realizaban las transacciones electrónicas con las tarjetas, violando normas de seguridad que previamente se habían comprometido cumplir a través de un convenio. Presuntamente los comerciantes no habían controlado la identidad de quienes las utilizaban.

Dado el origen nacional de este beneficio otorgado a personas de bajos recursos, el perjuicio, en lo que se refiere a la administración pública, supone la competencia de la Justicia Federal.