Tarjebus: El defensor del Pueblo pide que se investigue al municipio por posible incumplimiento de deberes

Tarjebus: El defensor del Pueblo pide que se investigue al municipio por posible incumplimiento de deberes
La Defensoría del Pueblo del Chaco pidió la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que en el marco de sus funciones determine si el procedimiento llevado adelante por el municipio de Resistencia para la implementación y comercialización del sistema de boleto electrónico "Tarjebus" se efectuó conforme a la normativa vigente.

De esta manera el Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, eleva al fiscal Heitor Lago, formal denuncia contra los funcionarios del ejecutivo de la Municipalidad de Resistencia "por posible incumplimiento de deberes de funcionarios públicos" al no respetar lo establecido en la ordenanza municipal.

El comienzo

Al fundamentar el pedido, el defensor hace saber que el 19 de marzo de 2013 se recibió en la Defensoría denuncia de dos asociaciones de consumidores quienes exponen un supuesto fraude que estarían sufriendo los usuarios del transporte urbano e interurbano, con la implementación del nuevo sistema de Tarjeta Magnética (Tarjebus S.A.).

La supuesta irregularidad, radica en que la tarjeta tiene un precio de venta de quince pesos, que además en uno de sus lados posee publicidad de una empresa privada de préstamos (Corefin), que a entender de los denunciantes es una pauta publicitaria que obligarían hacer a los usuarios, pero que la cobrarían los empresarios. Siendo así, de acuerdo a la ley de defensa al consumidor, el plástico no debería tener costo para el usuario o debería considerarse al momento de la recarga de crédito una carga adicional sin costo a beneficio del usuario.

El segundo planteo efectuado por las asociaciones de consumidores, es la postergación de la utilización que hubo del sistema, continuándose no obstante ello con la venta de tarjetas, a fin de llegar al número de ventas establecido para la aplicación del aumento, conforme lo dispuesto por la ordenanza.

Las acciones

Corregido recuerda que hace un año atrás, (8 de abril)la Cámara de Diputados remitió a la Defensoría la resolución N° 424 en la cual expresan “enérgica preocupación ante los numerosos inconvenientes que está causando la aplicación del nuevo sistema de tarjetas magnéticas 'Tarjebus' para el pago de pasajes del transporte público de pasajeros del área metropolitana”.

En virtud de ello, el 16 de abril de 2013, el Instituto del Defensor del Pueblo dictó la Resolución N° 172, por la cual solicita a la Secretaría de Transporte de la Provincia del Chaco y a la Municipalidad de Resistencia informen respecto a la normativa que regula el nuevo sistema de pago de pasajes de trasporte público; procedimiento implementado para su regulación y control; requisitos exigidos para su otorgamiento; costo de las tarjetas magnéticas y destino de los fondos recaudados; inversiones utilizadas para la adquisición de los equipos de expendio y cobro de pasajes.

A partir de esta resolución la Subsecretaría de Transporte contesta diciendo que “es la Subsecretaría quien corresponde auditar todo el sistema en forma directa, el cual se hará mediante recepción de los datos en tiempo real en las oficinas de esa dependencia; el costo es de quince pesos para las tarjetas personalizadas, y de diez pesos para las tarjetas sin personalizar. El destino del dinero es para cubrir los costos de la tarjeta y su emisión. La inversión fue realizada por las empresas, no recibiendo la misma suma de dinero de parte del Estado Provincial o Municipal".

Posteriormente, recién en el mes de junio de 2013, la Comisión de Obras y Servicios Públicos remite a la Defensoría copia de los Proyectos de Ordenanza sobre la Reglamentación de Tarjebus, las que fueron giradas a la comisión, en la sesión N°13 de fecha 04 de junio. Además, de noticias periodísticas, se desprende que en forma expresa el Secretario de Transporte y Tránsito municipal, reconoce el envío de los proyectos de ordenanzas en fecha 11 de junio de 2013, "tres meses después del inicio de su comercialización e implementación del sistema".

Reglamentación posterior

Corregido advierte que "de los dos proyectos de ordenanzas, surge un intento de reglamentación pos implementación de la modalidad y comercialización de las tarjetas", mientras que la implementación de las tarjetas debe ser previa reglamentación, "incumpliéndose con el correcto procedimiento administrativo para la puesta en vigencia del sistema, violando las ordenanzas vigentes, en detrimento de los intereses de los usuarios".

Otra de las irregularidades que se desprende del nuevo sistema de boleto de colectivo, es que "no se conocen las bases y condiciones de contratación de la empresa Tarjebus S.A., no existe un control de la prestación del servicio, siendo que el Estado es quien debe tener en control a través de planillas u otro sistema".

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