La IGJ suspendió las elecciones de la CAME porque no se presentaron los balances

La IGJ suspendió las elecciones de la CAME porque no se presentaron los balances

El organismo presidido por Ricardo Nissen no permitió la reelección de las autoridades por la falta de presentación de documentación. "Es un exceso de facultades", dijo su titular.

 

La Inspección General de Justicia argentina (IGJ) suspendió la realización de la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Económica de la Mediana Empresa (CAME) en la que la actual conducción pretendía designar autoridades, porque no se mostraron los balances y memorias de 2019.

"Recibimos una comunicación de la Inspección General de Justicia (IGJ), en claro exceso a las facultades del organismo, ordenándonos suspender la asamblea", denunciaron en la entidad presidida por Gerardo Díaz Beltrán, que podría ser apercibido por no permitir la oficialización de otras listas distintas a las suyas y pretendía renovar su mandato este viernes.

 

 

 

El organismo que encabeza Ricardo Nissen ya había suspendido una reunión de Consejo Directivo de CAME del día 27 de agosto pasado por negarle documentos pedidos por el vicepresidente primero Diego Navarro en mayo, tales como el presupuesto 2020, los balances de 2017 a 2019 y el detalle de inversiones que hizo la entidad en 2019.

 

 

 

El conflicto en CAME se había iniciado en agosto cuando uno de sus miembros, Pedro Salas, pidió a la IGJ que interviniera ante una supuesta millonaria malversación de fondos. El dirigente preside la Sociedad Rural cordobesa y pidió investigar la administración, distribución irregular y desvío de fondos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) por más de 353 millones de pesos.

 El INACAP, creado en 1975 y financiado por la contribución patronal obligatoria, brinda desde 2008 y a través de CAME, capacitación a trabajadores y empleadores. Ante la primera denuncia, la IGJ intervino en el conflicto. Fue entonces cuando designó a dos inspectores fiscalizadores o veedores para analizar la situación de supuesto manejo irregular de fondos en esa entidad. Ellos son los doctores Martín Blanco y Ana Castagnino.

 

 

 

Luego, acaeció una segunda denuncia. En este caso presentada por el vicepresidente primero de la CAME, Diego Navarro, por violación al derecho a la información. CAME está formada por casi 1500 federaciones o cámaras y más de 600 mil empresas.

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