Días atrás el titular de la ONG Consumis, Rolando Gutiérrez, había denunciado que se concretó el remate de una vivienda en Posadas, contra una mujer de bajos recursos, por una deuda con Samsa. Aclaró que el procedimiento viola la ley 3391 de privatización de la desaparecida empresa APOS y estaban esperando el desalojo.

Este martes, Gutiérrez confirmó en Misiones Cuatro que una jueza suspendió el desalojo, "pero el remate ya se hizo", añadió. En este sentido, sostuvo que van a tomar medidas legales para lograr que la casa vuelva a manos de la mujer. "Vamos a llevar este tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque cuando una persona no puede pagar el agua potable, el Estado la debe subsidiar", explicó y dio que pudo haber existido un error de interpretación en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7.

Respecto a la suma de dinero que la damnificada debe a la prestataria del servicio de agua potable, Gutiérrez indicó: "Por 2 mil y pico de pesos iniciales le sacaron la casa".