Suárez García definirá qué parte de la denuncia del FPV es de su competencia

La fiscal de Rawson, Graciela Suárez García, dijo luego de recibir la denuncia por presuntas irregularidades en los últimos comicios por parte del FPV, que ingresó con el número 3.446, y que la misma es por presunto «fraude, estafa y una defraudación específica, además de un delito inherente a la documentación, que afecta ya no al patrimonio, sino a la fe pública».
Si bien aclaró que «no quiero adelantar mi opinión, porque todavía la estoy analizando», sostuvo que la denuncia «tiene un mix de hechos y de circunstancias; algunas entiendo que no van a ser de competencia de la Justicia ordinaria, y otras van a ser competencia de la Justicia ordinaria y tendrán distinta competencia territorial por el lugar donde se han cometido los hechos».

Indicó en ese sentido, que «eso lo voy a evaluar yo por haber recibido la denuncia y la resolveré, calculo en el transcurso de la semana que viene, cómo va a seguir la investigación».

Sobre los tiempos en que se puede llevar adelante este proceso, dijo que «en la Fiscalía específicamente de Rawson todas las causas tienen la misma prioridad, que tengan repercusión social no significa que se les va a dar un trámite más rápido».

«El trámite es el mismo, de hecho son delitos comunes, cometidos incluso por personas comunes en principio, más allá de que después se pueda derivar de alguna autoría intelectual que involucre al carácter de funcionario público o no», señaló la fiscal.

De acuerdo a un primer acercamiento a los hechos, dijo Suárez García que «por el momento para mí son delitos absolutamente comunes, que se establecerá quién los va a llevar, o si se va a designar un equipo que trabaje en conjunto con los distintos delitos cometidos»; y también resta resolver si «los distintos hechos pueden todos estar en concurso real o pueden estar como delitos independientes en cada una de las circunscripciones donde se han cometido».

Respecto a los planteos por una custodia especial para las urnas, sostuvo la fiscal que «por supuesto que todo lo que sean medidas de urgencia o de previo pronunciamiento, se van a tomar con la premura del caso, siempre que correspondan. No todo lo que pide el denunciante es resorte del Ministerio Público Fiscal y no todo lo que pide, puede el juez intervenir para resolverlo».

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