La semana terminó a los gritos limpios en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Y así empezará la próxima si Gustavo Durán, interventor del organismo, no recibe al grupo de ciudadanos que dice haber sido estafado por Fabio Burgos, empleado de la repartición. Esta advertencia dejaron ayer los supuestos damnificados luego de discutir a rabiar con Julio Wilde, director de Recupero, y con el abogado Eugenio Gómez Santillán.

Los manifestantes, que no superaban la treintena, llegaron al alba con la intención de interceptar a Durán, cosa que no consiguieron. Al rato, aparecieron policías con escudos y se apostaron en la puerta. A eso de las 8.30, Wilde y Gómez Santillán se acercaron al grupo para informarle que el tal Burgos, que aparentemente prestaba servicios en el sector de Recursos Financieros del IPV, estaba sometido a un sumario administrativo y había sido suspendido sin goce de sueldo. “Necesitamos que presenten sus pruebas, pero el Instituto sólo puede exonerar al denunciado”, precisó.

La explicación desde luego no convenció a las damas y caballeros presentes. Daniel Castillo, suerte de cabecilla del grupo, expresó que tenían un video y una serie de documentos que incriminaban en la supuesta estafa a otros miembros y autoridades del IPV, entre ellos, al subinterventor Miguel Jiménez Augier y al propio Durán. “Somos 300 las familias engañadas. Pagamos muchísimo dinero para tener una casa. No vinimos a escuchar explicaciones sobre Burgos sino a que nos den soluciones porque él debió tener una ‘espalda’ para hacer lo que nos hizo”, vociferó Castillo, que con el brazo sujetaba un sobre con papeles.

En medio de las imprecaciones, Gómez Santillán -que no quiso dar su nombre de pila y después dejó solo a Wilde- recordó a los manifestantes que el IPV había advertido a la comunidad sobre la importancia de hacer los trámites en forma personal. Esa intervención desató una ola de reproches. Alguien dijo que eran muchos los que habían pagado y accedido a su casa. Otro sostuvo que todo el mundo sabía que los funcionarios públicos se quedaban con viviendas del Estado o las daban a quienes no reunían los requisitos para recibirlas. Una mujer puso como ejemplo de esto último a las casi 300 unidades vacías halladas en el megabarrio Lomas de Tafí. 

“El IPV y la Fiscalía de Estado investigaron las irregularidades en Lomas. Pero el trámite es largo”, replicó Wilde levantando la voz. Y añadió: “¿qué quieren ustedes? ¿Una casa? Para ello deben inscribirse y ganar el concurso. Ese es el procedimiento”. El comentario arrancó un coro de risas sarcásticas. Pero a esa altura también había algunas manifestantes llorando.

María Florencia Pellegrino dijo que pagó $ 90.000 al sistema paralelo que presuntamente manejaba Burgos y que lleva cinco años esperando una casa. También comentó que, a cambio del dinero, había recibido papeles con firmas y sellos del IPV. Sebastián Aranda y Julio Britoexpresaron que desembolsaron respectivamente $ 60.000. Según su testimonio, la semana pasada Burgos fue golpeado en el IPV por otros supuestos estafados que, luego, lograron acceder a las autoridades. Ese hecho habría desencadenado la reacción del resto del grupo y la decisión de presentar una denuncia penal en la Fiscalía VII a cargo de Arnoldo Suasnábar.