En una reciente sentencia dictada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se ratificó la legalidad y validez de la decisión adoptada por el entonces intendente Municipal Carlos Fernando Arroyo cuando, en el mes de marzo de 2017, reestructuró la Oficina de Compras de la Comuna.

En ese momento, Arroyo, determinó cesar al jefe del área, el contador público Oscar Rossi para que retome su cargo como funcionario de ley en el Emsur y, a su vez, designó como titular a una empleada de carrera, Gladys Sandrini, con la misión de desburocratizar las contrataciones de la comuna y permitir agilizar las compras de bienes y servicios.

La decisión del intendente Arroyo, que había sido anulada en primera instancia por el juez Marcelo Fernández (posteriormente revocada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativa local) y ahora el máximo Tribunal de Justicia bonaerense ratificó el decreto de reestructuración, rechazando así la intención del contador Rossi para permanecer en un cargo de la Administración Central que tenia carácter provisorio y, además, percibir las diferencias de haberes.

Esa medida, si bien tuvo el respaldo de la Asesoría General de gobierno Provincial, había generado un gran debate en el ámbito del Concejo Deliberante, y de algunos medios periodísticos que señalaban que el procedimiento decidido en la reestructuración del área de compras no había cumplido con las normas de la Ley Orgánica de las Municipalidades (aprovechando todo ello para mostrar una denostación sobre la gestión de Arroyo) y, en ese sentido, anticipaban un futuro perjuicio económico para el Municipio.

Sin embargo, la Corte de Justicia Provincial, al igual que la Cámara en los Contencioso Administrativo local -al tener por probado que Rossi ocupaba en forma provisoria su designación en el área de compras de la administración central, mientras mantenía la titularidad de un cargo similar en el ente municipal- argumentó la legitimidad del procedimiento seguido por el Ejecutivo Municipal, rechazando íntegramente los recursos que se intentaron para anular el decreto de Carlos Fernando Arroyo, quedando así indemne la Municipalidad, con la consideración de que el gobierno tuvo un debido desempeño jurídico en su proceder.