Con una denuncia diaria por apremios ilegales, la Policía de Salta pasaría a tener la facultad de hacer requisas sin que lo ordene un juez. La media sanción a un proyecto de ley que amplía el poder de la fuerza de seguridad generó cuestionamientos y podría haber una demanda para que lo declaren inconstitucional.

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el martes una iniciativa impulsada por el oficialismo para permitir que uniformados revisen a cualquier ciudadano sin esperar la autorización de la Justicia.

El proyecto estipula también que la Policía puede requisar “vehículos, aeronaves y buques con la finalidad de hallar cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito...”.

El diputado del Partido Obrero Claudio del Plá adelantó ayer estaba analizando con abogados la posibilidad de hacer una presentación para que la Justicia evalúe la constitucionalidad del proyecto.

“Varios artículos son inconstitucionales y contrarios al Pacto de San José de Costa Rica, al que Argentina adhiere. Requisar sin orden judicial lleva las facultades policiales al extremo”, dijo a El Tribuno el legislador.

La iniciativa también recibió las críticas de sectores que trabajan para que se respeten los derechos de las minorías y temen que se profundicen los apremios contra travestis y transexuales que trabajan en la calle.

“Esto va en contra de los derechos constitucionales”, señaló Rodrigo Liendro, presidente de la Asociación en Lucha por la Diversidad Sexual (Aludis). Liendro también dijo que la organización podría presentar una nota de rechazo en la Legislatura.

En Salta se hacen más de 350 denuncias cada año por abusos de policías según indican datos de la Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias. El caso de dos detenidos torturados en una comisaría de General G�emes en 2012 es uno de los que se conocieron en los últimos años. Una filmación anónima de los apremios llegó a los medios de comunicación y se reprodujo durante días en todo el país.

La ministra de Justicia de la Provincia, María Inés Diez, defendió la reforma. “El bien a proteger es la sociedad y eso es lo más importante”, consideró la funcionaria en diálogo con este medio.

Desde el oficialismo, se argumentó que la norma es necesaria para luchar contra las drogas y aplicar una ley que permite a la Policía provincial actuar contra los vendedores al menudeo pese a que se trate de un delito federal.

“El tema de las drogas es muy complicado... Pero cuando avanzamos y tomamos medidas, surgen las críticas... Hay que hacer reformas en todos los niveles para poder trabajar. ”, señaló María Inés Diez.

Las nuevas facultades que ganaría la Policía se analizaban anoche en la Cámara de Senadores según informaron varias fuentes y no se descarta que el tema se trate sobre tablas en la sesión de hoy.

En la Cámara de Diputados, votaron en contra incluso legisladores oficialistas como Lucas Godoy, Horacio Tomas y Betina Navarro.

Los cambios se sumarían a la reforma del Código Procesal que se hizo en 2011y permitió que un ciudadano pueda ser investigado sin que lo sepa él ni un juez de garantías durante un mes.