Con la orden de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Junín de desalojar las cárceles locales, dejando solamente a los detenidos que tengan causas judiciales en Junín, Pergamino y San Nicolás, se intenta descomprimir la superpoblación de las tres unidades locales, un tema recurrente y sin solución desde hace varios años.
La medida, si bien fue bien recibida en el seno de la comunidad, es de difícil e improbable cumplimiento, dado que los otros complejos carcelarios de la provincia están en igual o peor situación que las Unidades Penitenciarias 13, 16 y 49.
El fallo de los jueces Andrés Ortiz y Carlos Portiglia también establece el traslado de los presos que no cumplan con la condición de ser condenados de estas tres Departamentales judiciales, y para eso el Ministerio de Justicia cuenta con un plazo de 60 días. Esto significará que deberán despejarse las unidades en alrededor de un 70% de internos, que son los provenientes del conurbano.
“No sólo se muestra un exceso desde la perspectiva ocupacional, sino desde los tratamientos y servicios que deben brindársele a los privados de la libertad, lo que implica una capacidad real distinta y por supuesto, con una posibilidad de alojamiento de menor cuantía”, analizaron los magistrados en su consideración.
Asimismo, los jueces subrayaron que las circunstancias en los penales se fueron agravando con el paso del tiempo, “en cuanto al número de detenidos, escasez de materiales e insumos para higiene, falencias en las cantidades y calidades de las dietas alimentarias, etc. Pero siempre persistieron las carencias estructurales que dieron lugar a superpoblación, faltante de colchones, insuficiencia alimentaria, los ya mencionados problemas de higiene por el no suministro de materiales, entre las notas sobresalientes”.
Beneplácito fomentista. El presidente de la Federación de sociedades de fomento, Osvaldo Giapor, subrayó su beneplácito por la medida dispuesta por la Justicia. “En la época de Abel Miguel, las entidades de Junín acompañamos a hablar con las autoridades provinciales por el tema de la cárcel; y después fuimos nuevamente con el ex intendente Meoni. Nos recibió el ex ministro Casal, quien nos prometió que se iba a hacer lo que se está planteando ahora”, recordó, y felicitó “al Departamento Judicial Junín por lo que ha dispuesto y ojalá la disposición se cumpla”.
“Para nosotros es un fallo alentador, esperamos que se respete aunque sabemos que si sacamos presos de Junín irán a otras cárceles que también están congestionadas, pero seguiremos luchando por lo nuestro”, apuntó.
En este marco, indicó que “los fomentistas veníamos pidiendo esto que se está planteando hoy, ojalá nadie ponga problemas para que se lleve a cabo aunque reconocemos que es difícil. Al menos que se cumpla medianamente, que no tengamos los presos hacinados con los peligros que significa”.
Giapor mencionó que “es complicada la situación, pero también es indudable que nosotros tenemos la cuota correspondiente con tres cárceles. La alcaidía fue una mentira, cuando estábamos con el señor Meoni, pero se convirtió en otra cárcel”.
“Queremos que Junín siga siendo la ciudad que soñamos, y que las cárceles tengan la cantidad de presos que corresponda”, agregó finalmente.
Con antecedentes. Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, Andrés Rosa, celebró esta sentencia judicial, y recordó que “hay dos antecedentes de la misma Cámara. En junio de 2016 también sacó una acordada dirigida al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires pidiendo que no envíe personas detenidas a las comisarías que dependen del Departamento Judicial Junín que no sean de esta jurisdicción. Este es un antecedente importante porque también hace mención a la superpoblación que origina una situación insostenible”.
Rosa aseguró que los jueces conocen la situación por las visitas institucionales y dijo que se está “frente a una gravedad institucional. Es un fallo realista que menciona las carencias estructurales que dan lugar a que la superpoblación afecte a todo el sistema, va de la mano del hacinamiento y trae aparejado escasez de alimentos, problemas de higiene y salubridad y el recrudecimiento de la violencia. Es una sentencia más que oportuna que debemos acompañar desde la política y pedirle a la Gobernadora que no la apele, que se busquen las soluciones de fondo, porque así como está, el Servicio Penitenciario está en grave crisis y la pregunta es en qué momento va a explotar”.
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