“Estoy preparando la apelación, en razón de que consideramos de que es atentatorio contra los intereses y contra el patrimonio de la ciudad de San Luis. No es admisible que un funcionario público municipal pretenda equiparar su salario a un juez de la provincia, porque no reúne las mismas condiciones. La Justicia de Faltas es una justicia administrativa, como así lo designa la Carta Orgánica municipal”, dijo Bazla.

“Una vez más, el Superior Tribunal de Justicia toma decisiones para poner a la Municipalidad de San Luis es una situación de indefensión”, dijo el asesor letrado, remarcando casos como la autorización del STJ a llamar a las elecciones que tuvieron como resultado la ilegal doble intendencia de María Angélica Torrontegui y el caso Arancibia - Bernáldez.

“Los jueces ordinarios rinden concursos, tienen una serie de requisitos que cumplir para rendir el concurso y acceder a la adjudicatura, cosa que no ocurre en la justicia administrativa de faltas”, agregó el letrado, destacando que el cargo de Ferrari es designado por el Concejo Deliberante.

A su vez, el funcionario destacó que ayer mismo se “desayunaron” con esta intención de Ferrari, quien jamás, de acuerdo a Bazla, le hizo planteo alguno, “administrativo, personal o político”, al Intendente. “Vamos a hacer todo lo necesario para que cobre lo que debe cobrar, no lo que a él se le ocurra”, dijo Bazla, no sin antes recordar que se encontraba redactando la apelación.

El primer round contra Ferrari

Cabe recordar que este no ha sido el primer enfrentamiento entre Ferrari y la Municipalidad de San Luis, ya que el Concejo Deliberante, en mayo, derogó un artículo de la ordenanza 1449/83, para que el Juzgado de Faltas tenga autarquía en el manejo de su presupuesto, un pedido que realizado por Ferrari mismo. Esto fue luego vetado por el intendente capitalino, Enrique Ponce, pero ratificado, con dos tercios de la mayoría, por el Legislativo municipal.

A pesar de ser ratificada, la resolución del Concejo no ha sido puesta en efecto, ya que, como bien señaló Bazla, Ponce se atiene al artículo 36 de la carta orgánica, el cual establece que “los gastos y recursos se afectarán separadamente al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante”, obviando al Juzgado de Faltas. “Mientras la Carta Orgánica no se modifique, será siendo eso, Justicia Administrativa”, subrayó Bazla.