En el lugar, la secretaria general del Sejch, Graciela Aranda, hizo una encendida defensa de las labores habituales que realizan los trabajadores judiciales, sin que les sean reconocidas como debiera ser. Asimismo, hizo conocer el texto de la Resolución 1139 de fecha 22 de junio de 2010, por el cual las autoridades del Superior Tribunal de Justicia disponen encomendar a la Dirección General de Administración el descuento de los haberes de aquellos trabajadores que no se presenten a cumplir sus labores entre hoy y mañana, como así también la publicación de sus nombres y apellidos. Empujados a la protesta En tal sentido, Aranda señaló: “Consideramos necesario manifestar que estamos siendo empujados por un poder político insensible, que si bien conoce la afligente situación que atraviesa el personal judicial, no ha dado muestras de generar políticas activas que brinden una solución de fondo. Es necesario que la comunidad conozca que el trabajador se encuentra sometido a un reglamento del tiempo de la dictadura que obliga a los compañeros a trabajar gratis dos horas diarias, que en los hechos son muchas más, por encima de su jornada laboral, y además habilita a sus superiores a aplicar sanciones en el caso de que se retiren sin concluir la tarea diaria”. Agregó después: “No percibimos bonificaciones, no tenemos fondo estímulo, no cobramos horas extras, no se respeta la jornada obligatoria de descanso, no cobramos por incompatibilidad, ni riesgo alguno de salud, ni adicionales, ni zona desfavorable, etcétera. Estas condiciones en las que prestamos servicios se agravan porque convivimos con una justicia colapsada, abarrotada de trámites que provocan una sobrecarga del personal, que se ve afectado en su salud física y emocional por las presiones a las que se encuentra sometido. Son muchos años de reclamos desoídos. Esta situación se agrava cuando llega a fin de mes y el salario no alcanza, ya que hace más de dos años quedó congelado y los precios siguen en alza cada día”, planteó. Sin respuestas “Toda esta problemática la hemos explicado, en reiteradas oportunidades, tanto a nuestra patronal, a los bloques políticos de la legislatura provincial, como al mismo gobernador de la provincia. Sin embargo, en todo este tiempo han hecho oído sordo a nuestros reclamos, por ello decimos que no nos han dejado otra opción más que definir un plan de lucha con el propósito de promover acciones efectivas a fin de que sensibilicen a los tres poderes y encontrar juntos la salida a este conflicto. Y ahora, nos salen con esto de que nos quieren descontar también de nuestros alicaídos salarios los días de paro. Esto es intolerable”. Finalmente expresó: “Siempre hemos estado abiertos al diálogo, a las autoridades de los tres poderes les consta, pero realmente existe una total falta de respeto y valor a la tarea que desarrolla el empleado judicial para sostener un sistema judicial colapsado. El ofrecimiento que nos hacen desde el gobierno es mucho menor que el que se ofreció el año pasado y no se cumplió. También es menor a lo que se dio a otros sectores, que recibieron bonificaciones y recategorizaciones. Nada de ello se le dio al empleado judicial. Hace más de dos años tenemos los salarios congelados y con los precios en alza día a día”.