En agosto del año pasado, el legislativo aprobó una ordenanza que instaba al Ejecutivo a realizar doscientos metros de cloaca en el pasaje ubicado entre la avenida Julio A. Roca y Buenos Aires. El intendente Enrique Ponce vetó la ordenanza, porque no estaba estipulado en el plan de obras del 2013, pero los concejales rechazaron el veto.

Los asesores letrados de la Municipalidad, Ricardo André Bazla y Carlos Vilche, realizaron una presentación judicial al entender que el Concejo se arrogaba facultades propias del Ejecutivo.

Al tratarse de un conflicto entre instituciones del Estado, el Superior Tribunal es quien debe decidir su competencia para resolver por la vía judicial el desencuentro. Para el Procurador, el máximo órgano de la justicia provincial tiene que admitir la demanda.

La obra, de todos modos, está proyectada para este año: su ejecución figura en el presupuesto presentado por el intendente en el HCD.

El concejal del Frente para la Victoria, Roberto González Espíndola, dijo estar en desacuerdo de la judicialización del tema pero aclaró que la ordenanza tenía defectos legales: “No cumplía en establecer de qué partidas debían salir los fondos para hacer la obra. Pero de ahí a judicializarlo, hay un trecho muy grande; los temas de la política deben quedar en la política y tratar de solucionarlo en la política”.