La medida de fuerza se dispuso en virtud del incremento de haberes diferenciado que lograron los magistrados y funcionarios, de entre el 40 y el 60 por ciento, que molestó a los empleados, que consiguieron un aumento salarial del 20 por ciento.

Esto hizo reaparecer el reclamo de la ley de enganche, que establece todos los jueces, funcionarios y empleados tienen haberes que representan un porcentaje del total de lo que percibe los ministros del Poder Judicial, a la que están “enganchados” en un sistema que los gremios defienden a rajatabla.

La sorpresa

El juez superior también manifestó su “sorpresa” por la por la paralización de la actividad en los juzgados tras el acatamiento de los empleados al paro convocado por los tres gremios: Sindicado, Asociación y Unión de Empleados Judiciales y dijo que hubiera hablar “antes y en buenos términos”.

En declaraciones radiales, Ávalos consideró “contradictoria” la actitud de los gremios judiciales y argumentó que durante el diálogo previo los gremios “nunca objetaron el proyecto de Ley que se envió a la Legislatura” por lo que el llamado al paro provocó un llamado de atención.

Avalos afirma que los tres gremios se oponen a la sanción de la norma que trata la bonificación para magistrados y funcionarios, específicamente. El acuerdo firmado entre todas las partes contempla un aumento del 20 por ciento general más una adecuación escalafonaria de 2 puntos por categoría y un nuevo monto por horas extras para los empleados.

En tanto que para los magistrados y funcionarios - a quienes se les exige título y la incompatibilidad total y absoluta por responsabilidad funcional - contemplaba una bonificación del 40 por ciento para jueces, 30 por ciento para quienes integran el Ministerio Público y un 20 por ciento para secretarios, estos últimos otorgados en 2 tandas en los meses de abril y agosto.

A la vez marcó que la diferencia entre magistrados y empleados respecto al ejercicio profesional porque la incompatibilidad de empleados es parcial, que algunos tienen permitido ejercer su profesión si esta no afecta sus tareas dentro de la institución judicial.

“Son situaciones distintas, esto es una bonificación personal de acuerdo a cada una de las funciones, no es la misma la responsabilidad de un juez que la de un empleado y eso no tiene que ser agraviante ni peyorativo para nadie”, apuntó.