A través de este convenio, los trabajadores que estaban ejecutando un plan de viviendas del programa Sueños Compartidos cobraron lo que se les adeudaba, montos que se alzaron en total hasta casi el medio millón de pesos. De todas maneras, la Fundación aclaró que si bien se pone fin a la causa laboral, las penales, continúan.Durante la mañana de ayer el movimiento se manifestó para hacer conocer esta situación y dejar claro que este acuerdo lo que hace es cambiar la situación sustancial en el plano laboral y al mismo tiempo lo que hace es dejar constancia de una especie de reivindicación a la lucha del sector.En este sentido Sena, llegó a NORTE para hacer saber que “en el juzgado fueron 104 las personas que cobraron lo que adeudaba la fundación, pero aún restan 27 por pagar porque existen reclamos extrajudiciales, entre ellos el mío. La fundación tuvo que desembolsar 476.310,54 pesos y con esto queda demostrado que lo que habían expuesto a través de solicitadas no era cierto”. Cuestionó que desde la Fundación sostenían e hicieron público que “no había tantos obreros en el plan de vivienda que encaramos y que lo que pretendíamos era que cobrara gente que no trabajaba. Se recurrió a la Justicia con el telegrama que llegó cortando el servicio y fuimos esperando que se vaya expidiendo para salir a hacer pública nuestra posición”. Sena dijo que en esta causa lo que primero hizo la Justicia fue embargar casi 3 millones de pesos de la fundación y paralelamente se allanaron las oficinas que la misma tenía en un edificio céntrico de la capital chaqueña. “Con esto pudieron comprobar que estábamos todos en negro y obligadamente tuvieron que llegar a un arreglo. La Justicia confirmó que no existían papeles de casi la totalidad de los trabajadores que la fundación emplea en la provincia, y solamente contaban con documentación de 16 obreros, ni siquiera estaban los papeles de obras importantes como de La Rubita y la más grande que es la desarrollada en Sáenz Peña”.Cabe destacar que en el convenio que se hizo efectivo el jueves por la tarde, la fundación se compromete a entregar la tarjeta magnética de fondo de desempleo o la libreta del fondo de desempleo, como así también la certificación de servicios y cesación de servicios a cada uno de los actores. Relaciones rotas Las relaciones con la Fundación están rotas, a tal punto que el dirigente sostuvo que “no queremos saber nada con la fundación, para nosotros terminó en lo laboral y lo único que queda es el proceso penal a partir de que 20 compañeros iniciaron juicio por calumnias e injurias, estafa, daños y perjuicios”.De esta manera “nosotros seguimos haciendo casas en el barrio con otros materiales. Ya hicimos 9 casas por nuestra cuenta y nuestra meta es completar el plan de 500 viviendas. Vamos a luchar para que la provincia nos asigne un nuevo proyecto habitacional, el cual sea controlado por Obras Públicas o el Instituto de Vivienda. Tampoco tenemos inconvenientes en que se designe a empresas privadas, siempre y cuando se utilice mano de obra de los que viven en el barrio, donde hoy hay 84 familias, pero solamente 27 tienen viviendas de material”.