El jueves tras las quejas volcadas en algunos medios por referentes de la Fundación Revivir ante las suspensiones de los pagos, el secretario de Lucha contra las Adicciones, Gustavo Farquharson, aclaró a Nuevo Diario que esto se produjo porque la Fundación en cuestión no estaba habilitada por la Secretaría de Adicciones. Este requisito implica una obligación para aquellas instituciones que trabajan con el Estado para la atención de personas con problemas de adicciones.

La atención que brindaba la Fundación Revivir estaba enmarcada en un convenio firmado entre el Arzobispado y el ministro de Desarrollo Humano, Claudio Mastrandrea, a fines del año pasado. En este se indicaba que Desarrollo Humano otorgaba en carácter de subsidio la suma mensual de 20 mil pesos "para que el Arzobispado administre, disponga y asigne a la Institución que prestará los servicios previstos", la cual debía ser seleccionada por la entidad religiosa. No obstante, ya en ese convenio se indicaba que la organización elegida por el arzobispo Mario Cargnello (quien firmó el convenio en cuestión con Mastrandrea), debía actuar "dentro del marco de sus capacidades y del protocolo terapéutico propuesto por la Secretaría de Lucha Contra las Adicciones, el cual como anexo conformará el convenio prestacional que oportunamente suscribirán la mencionada Secretaría con la organización indicada por el Arzobispado".

"Nunca pasó por acá", dijo Farquharson al señalar que Revivir en ningún momento fue habilitada por la Secretaría para funcionar como centro de atención para quienes tienen problemas con las adicciones. Frente al pago con fondos estatales a una institución no habilitada, entendió que "el Arzobispado no tendría que haber pagado (el subsidio) hasta tanto no se regularice la situación de la Institución". Sostuvo que actualmente se está realizando una auditoria para regularizar la situación de Revivir la cual, solo tras esta evaluación y en caso de corresponder, recién podría seguir haciendo las prestaciones dentro de los marcos que corresponden.