El Suoem recurre a la Justicia por el Abasto

El gremio presentará hoy un recurso contra Giacomino y Vicente por la sanción "irregular" de una ordenanza que "concesiona" el Mercado.

E l Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoem) presentará hoy ante el Tribunal Superior de Justicia una acción autónoma de inconstitucionalidad contra los representantes de la Municipalidad de Córdoba, el intendente Daniel Giacomino, y el presidente del Concejo Deliberante, el viceintendente Carlos Vicente, ya que considera que se obró de manera ilegal en la aprobación de una ordenanza que otorga la concesión del Mercado de Abasto a la cooperativa de locatarios Mercoop.

La presentación se realizará hoy, a las 10 de la mañana, en el primer piso del edificio de Tribunales I, donde el gremio ofrecerá una conferencia de prensa.

El recurso que se presentará contra el municipio y contra el Concejo Deliberante, según explicó el asesor letrado del gremio, Adonis Ramón Molina Herrera, está motivado por dos factores: "La violación a la Carta Orgánica Municipal y a la Constitución Provincial, ya que, con la aprobación de esta Ordenanza, el Concejo permitió que esta cooperativa privada administre la recaudación del mercado y modifique la ordenanza tarifaria, delegación de funciones estatales que no se puede hacer, y menos de la forma en que lo hicieron".

Molina Herrera se refiere a que la ordenanza 17.707 se aprobó directamente, sin doble lectura ni audiencia pública, como establece el artículo 78 de la Carta Orgánica municipal.

De esta manera, el Poder Ejecutivo municipal cedió el cobro y la administración de la recaudación del Abasto por dos años a la cooperativa de puesteros Mercoop, que además tendrá a su cargo las tareas y servicios de seguridad, limpieza, provisión de energía eléctrica, comunicaciones, agua, gas, cloacas, mantenimiento de edificios, espacios verdes, movimiento de residuos sólidos y control de plagas.

Según el asesor del gremio, esta ordenanza viola el artículo 67 de la Carta Orgánica municipal, que prohíbe "la delegación legislativa en el Departamento Ejecutivo", y también las disposiciones del artículo 13 de la Constitución Provincial, que prohíbe a los poderes "delegar en otro sus atribuciones constitucionales", y agrega que "es insanablemente nulo lo que cualquiera de ellos obrase en consecuencia".

"Nosotros pedimos que se declare nula la ordenanza, y esperamos que esto sea realizado con urgencia", indicó Molina Herrera.

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