El fiscal general de Suiza, Erwin Beyeler bloqueó preventivamente una cuenta con 1.870.000 dólares a nombre de Depresbiteris y su esposa Marcela E. Mete y luego pidió a la Justicia argentina copia de las causas en que está siendo investigado Moyano, su hijo Pablo y el resto de su entorno familiar.

Depresbiteris de ser chofer de Covelia en 2006 cobrando un sueldo de 6.570,5 pesos pasó, en cinco años, a ser su presidente, comprarse un yate último modelo y veranear en Punta del Este, según una investigación que el diario Clarín publicó en enero. Covelia creció meteóricamente en los últimos años bajo la protección política de Moyano.

El año pasado facturó 720 millones de pesos y recibió 1.373.000 dólares de la empresa fantasma uruguaya Trinity Fair. Por ese pedido, que llegó ayer a la Cámara Federal porteña, se abrió una causa judicial que por sorteo recayó en el juez federal Norberto Oyarbide. Se sabe que de Suiza salió el “9 ó 10 de marzo”.

Un par de horas después de conocida la noticia, el gremio de camioneros anunció un paro a partir del lunes, a las 6 de la madrugada, y una movilización a Plaza de Mayo para protestar por la “persecución” contra Moyano. Además, llamó a bloquear a los medios que publiquen la información.

Desde la oposición salieron a criticar a Moyano -quien ayer no dio la cara-; dijeron a coro que no pude usar el sindicalismo para defender su situación personal. En el entorno de Moyano también se le apunta al gobernador Scioli y, como siempre a los medios.

Cuando se le preguntó al secretario de Prensa de Camioneros, Raúl Altamirano, si podía estar el Gobierno detrás de la investigación en Suiza, contestó: “No descartamos nada”. Sin embargo, el exhorto dice que “motiva este pedido notas periodísticas publicadas en medios argentinos en enero que vinculan a Moyano con Covelia”, reveló una fuente judicial.

De todos modos, el pedido suizo generó tensión en la relación estratégica de Moyano con la presidenta Cristina Fernández luego de que desde la CGT se lanzó el nombre del diputado moyanista Héctor Recalde como eventual candidato a vicepresidente de la fórmula del Frente para la Victoria.

El sorpresivo exhorto de Suiza levantó todo tipo de especulaciones sobre el origen de la denuncia, aunque la Justicia helvética tiene un procedimiento a seguir en este tipo de casos. La legislación establece que cuando una persona políticamente expuesta (PPE) aparece vinculada a una cuenta o al dueño de una cuenta, se lo debe investigar preventivamente. También, cuando el PPE aparece denunciado en los medios.

Si bien en Suiza la Justicia y el Poder Ejecutivo funcionan independientemente, quizás la ex embajadora suiza en Buenos Aires y ex fiscal general, Carla del Pont, haya hecho algún comentario informal a su sucesor en ese cargo. Por lo pronto, antes de que se jubilara, la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, le dio en persona un informe sobre la situación patrimonial de Moyano. Ocaña quiere viajar a Suiza para entregar sus denuncias al fiscal general pero no tiene plata para costearse el viaje y otros gastos.

Sin embargo, si el exhorto del fiscal general suizo lo envió el 9 ó 10 de marzo ¿por qué la Cancillería recién lo remitió ayer a la Justicia? En ese lapso, Moyano pudo haber sido avisado por algún sector del Gobierno. El juez no deberá investigar nada, sí certificar las causas y seleccionar las pruebas para enviarlas al fiscal general de Suiza, en base al tratado de cooperación judicial de 1906. La respuesta puede durar no menos de tres meses.