La denuncia inicialmente se había presentado en la fiscalía de Investigación Nº 9 de Resistencia, tras el despido de varias personas que construían las viviendas del barrio “Emerenciano”, pero el fiscal actuante se declaró incompetente en el delito de Trata de Personas y el 11 de marzo remitió la causa al juzgado Federal, que a su vez puso en conocimiento al fiscal Federal para que se expidiera sobre la cuestión de la competencia.

El problema jurisdiccional no era menor ya que el proyecto “Sueños Compartidos” surge de un convenio celebrado entre la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación (depende de la secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal) y el IPDUV chaqueño en el marco del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, con lo que los fondos para su financiamiento eran del Estado Nacional. Si el conflicto en el Barrio “Emerenciano” derivaba en un perjuicio para Nación, entonces la Justicia Federal tenía competencia. Con todo, la imputación más grave contra Emerenciano Sena era la de trata de personas.

Corregido invetigó, y de la instrucción que incluyó hasta allanamientos concluyó que no hubo “hallazgo de elementos objetivos que permitan subsumir las conductas denunciadas en el tipo penal de trata de personas”, ya que no hubo “vulneración a la libertad de autodeterminación de las supuestas víctimas en el grado de afectación que exige el tipo”. Entonces solicitó al juez que se declarase “parcialmente incompetente”, al menos en lo relativo a la denuncia de trata de personas. Y que si se violaron otras normas del Código Penal, debería ocuparse la Justicia ordinaria.

Cuando Schoklender conoció el dictamen de Corregido, publicó sendas solicitadas en medios gráficos advirtiendo que denunciaría al fiscal ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, entonces con una distribución de sus integrantes que a priori podría resultarle favorable en una disputa de esa naturaleza.

Pero Valiente se demoraba en tomar una decisión con respecto al pedido del fiscal. Corregido insistió y el juez finalmente remitió las actuaciones al juez provincial en turno y se declaró incompetente en la cuestión.

Con respecto a la denuncia de Defraudación a una Administración Pública, adelantó que las diligencias procesales no permitieron determinar fehacientemente si los fondos en cuestión “pertenecen a la Nación o ingresan a las arcas provinciales”, como para determinar la competencia federal hasta que tuviera más elementos de juicio. De esa forma, sólo desestimó la denuncia por el delito de trata de personas y se declaró parcialmente incompetente.

Todavía el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo no se pronunció sobre el fallo del juez Federal, pero cabe suponer que con una conformación menos favorable del Consejo de la Magistratura de la Nación desistirá de pedir las cabezas del fiscal y del magistrado.