Al respecto, el profesional amplió: “por lo pronto le digo que vamos a continuar en esta dirección”. Y explicó: “se dijo que el planteo tendría que haber sido realizado por algún damnificado y no por nosotros, que no tenemos un interés directo. Sin embargo, se olvidan que el artículo 45 de la Constitución Nacional, que habla de los derechos difusos consagrados en la reforma de 1994, nos habilita a presentar este tipo de recursos”.

“A la par de eso - subrayó Romanín - agregamos una serie de hechos desde el punto de vista judicial administrativo que muestran falencias reales de la iniciativa privada que se convocó; entre ellos, que el contador municipal, que por ley debe tener este tipo de actuaciones, no ha obtenido una vista; que la UTE que termina siendo adjudicataria no presenta garantía, que los montos de obra no son actualizados, etc”.

De todas maneras, el abogado resaltó: “más allá de estos argumentos que hemos dado para invalidar el procedimiento, nos parece que hay una cuestión de fondo, que tiene que ver con el fin estricta o fundamentalmente cultural que se le debe dar a la obra y que no salta a la luz en el programa de quienes ganaron la iniciativa”.

En idéntico sentido, dijo a colación: “nos parece razonable que aquellos que asumen un compromiso de este tipo encuentren alguna responsabilidad que económicamente les aporte algo importante, pero entendemos que no debería ser en esas proporciones, es decir, con un 90 por ciento de la infraestructura destinado a locales”.

“Por eso - reiteró Romanín - estamos convencidos de que efectivamente el objeto cultural que tuvo la sesión gratuita del predio por parte del Estado nacional no se está cumpliendo”.

Al finalizar, en tanto, rescató las otras cuestiones. En virtud del plano político de la cuestión, disparó: “creo que naturalmente debe surgir un consenso, que permita el respeto de la ley a partir de la apertura de una nueva licitación en la que se amplíe el marco de la gente interesada y donde se entablen conversaciones serias de cara al futuro de la proyecto”.

“Pero por otro lado - acotó Romanín - debe resolverse cuanto antes un problemita que no sale a la luz, el económico. Está claro que ante este barullo que se ha generado es difícil que aparezcan inversores y, en consecuencia, la cosa podrá complicarse de manera definitiva”.