En medio del reacomodamiento político que implicó el reemplazo de dos miembros del directorio por la oposición, el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) continúa sin definir la convocatoria a audiencia pública para considerar un ajuste en el valor final de las facturas del agua en Córdoba capital del 30 por ciento.

El titular del ente de control, Rody Guerreiro convocó para el martes a una deliberación del Directorio que debería ponerle fecha a la audiencia que en este caso tratará dos ajustes simultáneos: el 10,58 por ciento de aumento que pide Aguas Cordobesas por los mayores costos del último semestre del año pasado y otro 18 por ciento de cargo fijo para la instalación de medidores.

El incremento ha sido motivo de un dilatado entramado de idas y vueltas entre el Ersep, la concesionaria y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, hasta que se definieron los instrumentos legales para avanzar en lo que significará una importante variación en las boletas que reciben los usuarios finales.

Hay en la problemática cuestiones delicadas desde el punto de vista legal. Por ejemplo, para el vocal radical Alberto Castagno ya caducaron los plazos establecidos por contrato para debatir el aumento. Ese lapso es de 90 días desde que la empresa pide la constitución de la mesa tarifaria, los que se cumplieron el 25 de enero de este año.

Para este vocal, Aguas Cordobesas tampoco fijó cuál era el aumento de tarifas que pretendía "ni aportó pruebas documentales que fundamentaran sus pretensiones, por lo tanto, todo el procedimiento seguido fue nulo", consideró.

Auditor cuestionado. Castagno también plantea un fuerte cuestionamiento a la actuación y las certificaciones requeridas al auditor técnico y contable. "En su lugar se acompaña certificación emitida por un ‘auditor técnico regulatorio’, figura extraña a las disposiciones del contrato", entendió.

En el fondo subyace una disputa de carácter político con ribetes éticos. El auditor presentado por Aguas Cordobesas fue en su momento asesor del Gobierno provincial cuando se discutió el nuevo contrato de concesión en 2006. Esa misma persona, para la oposición, no acredita los títulos habilitantes que exige la ley.

Guerreiro corrió vista de estas objeciones a las partes involucradas, en particular a la empresa concesionaria, y espera que el Directorio fije el martes la fecha de la audiencia, una decisión que no es sencilla de adoptar, ya que deberán tomarse todos los recaudos legales para que no existan impugnaciones judiciales.