La diputada nacional Stella Maris Córdoba y el ex secretario de Derechos Humanos Bernardo Lobo Bugeau presentaron esta mañana nueva documentación ante el ombudsman Hugo Cabral sobre la metodología que se utilizó para la privatización de Canal 10. "Agregamos datos probatorios a un expediente ya iniciado, el 23 de marzo, sobre el abuso de poder que ejerce el Poder Ejecutivo provincial sobre la emisora desde 1976 a la fecha", sostuvo la parlamentaria.

La presentación se basó en el estudio de dos investigadoras tucumanas acerca del proceso que culminó con la cesión de la porción del estado provincial a una empresa privada. De acuerdo con esos datos, el gobernador José Alperovich habría tenido alguna participación en una de las firmas interesadas en quedarse con la explotación de la emisora.

Córdoba pide que se restituya a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) el 30% del paquete accionario del canal estatal que actualmente está en manos del Poder Ejecutivo. Según el recurso presentado por la parlamentaria, en julio de 1977, el entonces gobernador militar Antonio Domingo Bussi, ejerció la usurpación mediante violencia institucional y tomó el control operacional de la transmisora.

"Por las circunstancias en las que nació, la sociedad de facto que aún mantiene unida a la UNT con el Ejecutivo es nula, carece de toda legalidad en su causa y en sus efectos", expresó Córdoba en el escrito.