La diputada nacional y candidata a gobernadora por Proyecto Popular, Stella Maris Córdoba, y el titular del partido Memoria y Movilización, Bernardo Lobo Bugeau, dejaron ayer una verdadera "braza caliente" en manos del flamante ombudsman y ex edil alperovista Hugo Cabral.

Los dirigentes le exigieron al Defensor del Pueblo que actúe de oficio y arbitre todas las medidas a su alcance para que se concrete la restitución del 30 por ciento del paquete accionario de Canal 10, que hoy está en manos del Poder Ejecutivo provincial, a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). En su planteo, los dirigentes recordaron que la Televisora Estatal le fue "usurpada ilegalmente" a la casa de altos estudios durante la última dictadura y que actualmente el PE está incurriendo en un delito, por haber designado un representante en el directorio de la misma.

En el planteo, se exige al Ombudsman que "ejercitando el derecho a peticionar a las autoridades previsto en el Artículo 14 de nuestra Constitución Nacional", adopte "las medidas conducentes para lograr la restitución inmediata del 30 por ciento del paquete accionario de Canal 10 a la UNT".

Restitución ésta que, según advirtieron, "debe observar el Poder Ejecutivo provincial para no continuar ejercitando la usurpación mediante violencia institucional impuesta por el entonces gobernador militar Antonio Domingo Bussi, desde Julio de 1977 en que tomó control operacional de la transmisora". Según Córdoba y Lobo Bougeau, "esta usurpación delictiva de acciones y cargos en el canal, se sigue produciendo con la designación y participación de un director del Poder Ejecutivo provincial (Raúl Armisén) en el directorio de la Televisora de la Universidad".

"En buen romance, exigimos el cese inmediato de la apropiación forzada y violenta que sigue perpetrando el Poder Ejecutivo de la provincia desde 1977 a nuestros días contra el primer Canal de Televisión tucumano ya que -como recordará- éste comenzó sus transmisiones el 9 de julio de 1966 durante el rectorado del ingeniero Eugenio Flavio Virla", reza el escrito presentado por los dirigentes opositores a Cabral.

“Usurpación accionaria”

A la hora de reforzar el planteo, la parlamentaria kirchnerista sostuvo que "no hay ninguna causa legal que justifique" lo que denominó "la usurpación accionaria del Poder Ejecutivo " y "la designación de un director en el canal de la UNT".

"El gobierno provincial sigue usufructuando algo que no le pertenece y que fuera sustraído a sangre y fuego por Bussi y la dictadura militar", añadió la diputada, quien presentó como prueba un archivo de la prensa del 17 de Julio de 1977. En dicho artículo se informaba que "El gobierno y la UNT explotarán en sociedad el Canal de Televisión" y que para ello "ambos entes se obligaron mediante un contrato suscrito por el gobernador general Antonio Domingo Bussi en nombre de la alta casa de estudios" (Sic).

Según interpretó Córdoba, "queda claro entonces que la sociedad de facto que aún mantiene unida a la UNT con el PE carece de toda legalidad en su causa y en sus efectos ya que éste -el PE- actuó como único centro de interés del supuesto contrato al que se refiere el matutino. Para nosotros no existe tal contrato ni nada parecido. El único centro de interés era el expresado por Antonio Bussi y la dictadura militar", disparó.

Los referentes opositores manifestaron que "esta afrenta que aún padecen la democracia, la comunidad tucumana, en general, y la universitaria, en particular, es un delito que se sigue cometiendo y no puede prescribir ya que, como lo establece el Artículo 63 del Código Penal, su prescripción corre recién 'desde la medianoche del día en que cesó de cometerse'".

Por otro lado, Córdoba y Lobo Bugeau afirmaron que "esta ilegalidad en la que sigue incurriendo el Poder Ejecutivo de la provincia se da de bruces con la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual", en razón de que la misma establece taxativamente que las emisoras "deberán dedicar espacios relevantes de su programación a la divulgación del conocimiento científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación artística y cultural". Al respecto, sostuvieron que "queda claro que la continuidad de un delito de la dictadura militar en el Canal 10 burla, además, los propósitos de esta ley en su letra y en su espíritu ya que los espacios relevantes de la programación del Canal Universitario incumplen con la divulgación del conocimiento científico, la extensión universitaria y la creación y experimentación artística y cultural que exige la nueva Ley de Radiodifusión Argentina".

En su petitorio, la diputada kirchnerista y el dirigente de Movilización y Memoria consideraron "inadmisible que a casi 30 años de democracia, los televidentes tucumanos aún debamos soportar una pantalla rehén del funesto plan militar que instauró la decadencia y el coloniaje cultural que aún se ve a diario y que viola abiertamente lo dispuesto por la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley de Medios que es una conquista de la Democracia".

Vínculos con la dictadura

La presentación ante la Defensoría del Pueblo recuerda "el caso paradigmático del periodista de Canal 10 Eduardo Ramos, quien despareciera el 1 de noviembre de 1976 junto a su esposa embarazada, luego de negarse a cubrir la escena de falsos enfrentamientos armados para la televisora y los primeros documentos revelados ante la Justicia Federal que dan cuenta también de la existencia de una burocracia de la represión instalada también en la UNT". Sobre este último punto, Córdoba resaltó que esto se puede comprobar por el hecho de que "el ayer nomás jefe del informativo de Canal 10” era también “activo colaborador del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército durante la dictadura militar”.

En su petición -amparada en el art´. 14 de la Constitución Nacional-, los dirigentes le advirtieron a Cabral que el artículo 10 de la Ley N° 6644 le otorga al Defensor del Pueblo la atribución para "intervenir de oficio o a petición de parte, del modo más inmediato y por el medio más idóneo posible, para emprender cualquier investigación conducente al esclarecimiento de actos o hechos de la Administración Pública Centralizada, Descentralizada, empresas del Estado, cualquiera sea su forma y naturaleza jurídica (..) en sus relaciones con los usuarios que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, arbitrario, discriminatorio, negligente, o gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos".

Piden la apertura de archivos

Lobo Bugeau, por su parte, recordó que la presentación también exige a Cabral que inste al PE "en la tarea pendiente de poner a disposición de la justicia los archivos de la dictadura cívico militar, que desde febrero de 1975 con el Operativo Independencia se desarrollara en la Provincia con la triste consecuencia de casi 3.000 desapariciones forzadas, exilios y persecuciones a quienes disintieran con la alucinada doctrina de la Seguridad Nacional”.

La respuesta del PE

Por su parte, el secretario de Prensa y Difusión, Ignacio Golobisky, al ser consultado ayer al respecto defendió los intereses del PE como accionista de la televisora. "La Provincia es propietaria del 30 por ciento de las acciones Canal 10 SAPEM. (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) y esto quiere decir que no es de propiedad del Gobierno ni de la Provincia, sino que es de todos los tucumanos y el Estado tiene la obligación de defender el 30 por ciento de acciones que le pertenecen", subrayó. Además, Golobisky negó que la televisora hoy esté en manos del PE. "No es así, hoy Canal 10 tiene tres directores, dos designados por la UNT, como son Oscar Fiorito y Eduardo Torrego, y otro designado por la provincia, que es el vicepresidente (del Canal), como lo es Raúl Armisén", explicó.