Soto apeló a la emergencia para justificar la adjudicación de licencias fuera de norma

Para los concejales de la oposición está palmariamente demostrado que el intendente Miguel Isa incumplió las ordenanzas que regulan la adjudicación de licencias de taxis y remis, en todo lo referido a los sorteos y concursos públicos para transparentar el acceso a las licencias, como a los requerimientos de tiempo de trabajo mínimo para acceder a una licencia por antigüedad en el caso de los choferes de taxi.
El oficialismo en cambio felicitó ayer a la secretaria general de la Municipalidad Estela Soto por “el excelente trabajo realizado” y le solicitó disculpas por las ofensas recibidas.

La funcionaria que fue interpelada ayer por los concejales, admitió las normas no se cumplieron porque, según su criterio, había un estado de emergencia en el sistema de transporte declarado por una ley provincial del año 1998, cuando se decidió que el servicio público de transporte pasaría a ser competencia provincial lo que, según explicó, se concretó con el dictado de Ley 7322, en el año 2004, que creó la Autoridad Metropolitana de Transportes ( AMT) y SAETA situación que concluye cuando se establece la competencia provincial para el servicio de taxis y remises, a fines de diciembre de 2009 cuando la AMT dicta el reglamento para esos servicios.

Los concejales opositores no compartieron para nada ese criterio, el de la emergencia.

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Base reglamentaria

Aroldo Tonini del Frente Salteño como uno de los impulsores de la interpelación expuso primero. Hizo una síntesis de las normas vigentes. Citó la ley 7322 de creación de AMT, mencionó el artículo 14 donde de la ley que estableció que hasta tanto la AMT dicte las normas reglamentarias y regulatorias se regirán por normas provinciales y municipales. “Un poco antes estaba vigente la ordenanza municipal 12277 que contiene la base reglamentaria para el transporte impropio y tuvo vigencia hasta diciembre de 2009. Desde el 2004 a diciembre de 2009 esa ordenanza reguló taxis y remis”, aseguró Tonini.

Recordó luego el dictado de la resolución 136 de AMT que establecía un cupo de 550 licencias de remis por habitante lo que equivalía a 845 licencias, y que según la AMT en 2007 ya había otorgadas por la Municipalidad 1281 licencias de taxis y 1683 licencias de remis.

“La ordenanza 12277 tenía el fin social de facilitar el acceso a una licencia de taxi a gente con pequeño capital. Se establecía un remis cada 550 habitantes y que se deberán hacer concursos públicos y sorteos para transparentar el acceso. Esto no ha sido cumplido en ambos casos” dijo Tonini, al tiempo que denunció la violación del procedimiento establecido en la ordenanza 13105 para el acceso a las licencias de taxis.

Habló también del incumplimiento respecto de las transferencias que no estaban permitidas; “el intendente dictó muchos, decenas decretos expresamente prohibidas y además aparece el conocido tema de la lista de postulantes: un listado que se estaba gestando aún cuando la AMT debía haber tomado facultades” señaló. Once personas se llevaban 156 postulaciones en un listado de 174”, aseguró.

La interpelación fue extensa, prolífica en datos y aseveraciones en torno a una tramitación que se volvió compleja, compartida en algún momento entre la Municipalidad y la provincia.

Decisiones políticas

Algunos concejales hicieron extensas consideraciones, como Carlos Humberto Saravia, otro de los impulsores de la interpelación para quien quedó acreditadlo que hubo procedimiento irregulares que se buscaron justificar sobre la base de decisiones políticas “. Dijo Saravia que el transporte es una actividad reglada y cuando el cumplimiento de la norma se relaja se producen estas situaciones con gente que hasta le falsificó decretos al intendente”.

Para el concejal Saravia todavía hay materia a discutir que tiene connotación penal, que está en manos de la justicia. Pero advirtió que “la señora acreditó y reconoció violación de normas, pero hay una materia compleja que hay que empezar a desbrozar, que incluye particulares porque las irregularidades no se producen si no hay particulares beneficiados, en un marco que por lo menos ha sido sospechado y que esperamos que lo dilucide la justicia”.

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