La presentación se realizó ayer en el marco de una reunión con integrantes del Grupo de los Seis (G-6) que integran Ercole Felippa (presidente de la Unión industrial de Córdoba), Horacio Busso, (presidente de la Cámara de Comercio), Norberto Delfino (titular de la cámara de Comercio Exterior), Rubén Martos (presidente de la Federación Comercial de Córdoba), Horacio Parga (presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba) y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción filial Córdoba, Mario Buttigliengo. El encuentro fue una continuidad de aquel realizado a fines de diciembre, y luego de que la entidad lanzara un duro comunicado por el 3 y 4-D. Del Ejecutivo, estuvieron además el ministro de Comunicación, Jorge Lawson, y el titular de Industria y Comercio, Martín Llaryora.

Aunque el gobernador pidió reserva, este diario pudo saber que su equipo prepara un conjunto de medidas destinadas a “fortalecer los lazos sociales y la convivencia” de los cordobeses. En ese sentido, habría que leer la ley de “alcoholemia cero”, iniciativa del Poder Ejecutivo aprobada a fines de diciembre por la Legislatura, a la que gobierno intenta dar la mayor visibilidad posible, y que ayer obtuvo la adhesión de los municipios del interior. “Los proyectos que prepara el Gobierno requieren apoyo y consenso de distintos sectores”, dijo uno de los asistentes al encuentro. “Son de cierta complejidad, porque involucran a distintos sectores”, afirmó. De hecho, De la Sota prevé convocar a distintos actores de la sociedad civil y política. Por ejemplo, por la “alcoholemia cero” la Provincia convocó hoy a ONGs del sector y a los directores de los medios de prensa.

Anudado a esto, trascendió que De la Sota se mostró “muy preocupado” por los accidentes viales con saldos fatales en las rutas de Córdoba, y particularmente por el nivel de siniestralidad con motos.

Pero no todo sería tan políticamente neutro. En las últimas entrevistas que dio a los medios, y a través de sus mensajes de Twitter, el gobernador deslizó su idea de regular el derecho de huelga en trabajadores de servicios esenciales, como transporte o Policía, y puso sobre el tapete la posibilidad de limitar el reclamo sindical a los agentes del sector público que gocen de estabilidad en sus puestos de trabajo, es decir, los que integran la planta permanente del Estado.

Reacción

El paquete cuyos trazos gruesos escucharon ayer los empresarios es de alguna manera, una respuesta al duro planteamiento del G-6 tras los violentos hechos del 3 y 4-D. El 5 de diciembre, la entidad plantó la necesidad de un proyecto que regule el uso del espacio público en protestas gremiales y de otra índole; una reforma de la Policía provincial, incluso con habilitación de alguna forma de sindicalización, y la convocatoria a una campaña de bien público destinada a recuperar buenas actitudes vecinales producidas en medio del descontrol de los saqueos.

Según informó oficialmente, durante el encuentro, “permitió avanzar en una agenda de trabajo conjunto entre la Provincia y los empresarios”. Habrá una próxima reunión, dentro de dos semanas, donde se supone que los empresarios conocerán en detalle la iniciativa oficial, y podrán hacer sus propios aportes al respecto.

“Al gobernador lo vimos preocupado por la situación, y muy franco con nosotros. Lo de la alcoholemia cero lo va a impulsar a fondo, lo vimos muy decidido”, indicó una fuente del encuentro, quien calificó al encuentro de “muy bueno”.

Por otra parte, durante la reunión, Lawson y Llaryora presentaron a los empresarios un relevamiento de la ayuda que el Estado provincial acercó (vía créditos o subsidios) a damnificados por los saqueos.