Entre otras cifras interesantes, la difusión de la ejecución presupuestaria provincial con los datos generales de los tres primeros trimestres del corriente año permitió conocer que el gobierno de José Manuel de la Sota sólo ha distribuido el 22% de lo estimado para este año en concepto del flamante Fondo de Infraestructura Municipal y Comunal.

Si además se tiene en cuenta que esta entrega de dinero fue hecha de manera discrecional por Jefatura de Gabinete, sin tener en cuenta ningún índice proporcional a la cantidad de habitantes de cada pueblo o ciudad, resulta entonces comprensible el enojo creciente que tienen por esta causa los intendentes de la Unión Cívica Radical, el Frente para la Victoria, el Frente Cívico y hasta algunos propios justicialistas cansados de la falta de equidad de la que hace gala el Gobierno provincial.

De acuerdo a las cifras oficiales que pueden leerse en la página web de la Provincia, dentro del link Ejecución Presupuestaria a Setiembre 2013, en el apartado de Jefatura de Gabinete, figura que el Fondo de Infraestructura Municipal y Comunicación tenía presupuestado para este año 94.454.000 pesos.

Este fondo que según lo acordado por De la Sota y la Mesa Provincia-Municipios debía ser distribuidos en su totalidad entre las diferentes intendencias y comunas, se nutre de una nueva sobre tasa que el gobierno de Córdoba les aplicó este año a los productores agropecuarios con el Impuesto Inmobiliario Rural, a cambio de no actualizarles la base imponible de sus tierras. Del total que se esperaba recaudar por este concepto (unos 470 millones de pesos), el 20% iba s ser destinado para conformar este nuevo Fondo de Infraestructura Municipal y Comunal.

En principio se estimó una cifra de 94.454.000 pesos pero todo hace presumir que será mucho mayor dado el buen cumplimiento fiscal que siempre ha caracterizado a los productores rurales de Córdoba.

Los intendentes estiman que la Provincia ya ha cobrado por este concepto más de 110 millones de pesos en los primeros 11 meses de este año, pero sólo distribuyó muy poca plata y a un número reducido de intendencias seleccionadas a dedo por el jefe de Gabinete, Oscar González, y el propio gobernador José Manuel de la Sota.

Si se dejan de lado las especulaciones financieras sobre lo cobrado en los primeros 10 meses y medio y sólo se analizan los fríos números estadísticos de la ejecución presupuestaria, se nota con sorpresa que de los 94.454.000 pesos presupuestados, figuran comprometidos para ese fin específico 92.644.381 pesos.

De esta última cifra, Jefatura de Gabinete dio la orden de pagar 34.963.309 pesos en concepto de diferentes obras que De la Sota anunció como propias pese a que se trata de dinero de los municipios. Y de esos casi 35 millones, sólo se abonaron efectivamente al 30 de setiembre de este año 20.473.052 pesos, es decir el 22% del total presupuestado a principios del corriente año.

En otras palabras, De la Sota no sólo no les paga a los intendentes y comunas el dinero que les corresponde sino que además usa esta plata para otros fines y lo poco que distribuye lo hace de manera discrecional, de la misma forma que los Aportes del Tesoro Provincial y los Programas de Asistencia Municipal.

El gobernador se queja de un trato discriminatorio de la Nación hacia Córdoba. Sin embargo, en vez de diferenciarse de Cristina Fernández, aplica el mismo criterio que perjudica abiertamente a todos los intendentes y jefes comunales.