Según un estudio del Conicet, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 27 legisladores extras.
El estudio estima que si se toman los datos poblacionales del Censo 2010 y si se mantiene la representación mínima de cinco diputados que tienen las provincias con menor población, la cámara baja tendría que tener 290 diputados contra los actuales 257.
El trabajo, realizado por el investigador del Conicet y de Flacso Diego Reynoso, indica que según los datos poblacionales del Censo 2010, la provincia de Buenos Aires debería elegir 27 diputados más que los 70 que vota actualmente.
El diputado K Jorge Landau (FPV-Buenos Aires) presentó años atrás un proyecto para ajustar la representación y subsanar la “subrepresentación” de Buenos Aires pero que, finalmente, caducó sin tratamiento.
En líneas generales, Landau coincidió con los cálculos del trabajo del Conicet pero explicó que en un año electoral “no es propicio” para volver a impulsar una iniciativa de esa índole que ajuste la representación actual de Diputados.
La diferencia a favor –o en detrimento, según el lugar desde donde se mire– de la provincia de Buenos Aires se revierte en Córdoba, que se vería perjudicada en tres bancas si se ajustase su representación según la ley vigente, mientras que Santa Fe, Mendoza y Salta perderían un diputado cada una.
El artículo 45 de la Constitución dice que “el número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado”.
Sin embargo, el Decreto Ley 22.847 de 1983 actualizó esta relación fijando un diputado por cada 161 mil habitantes o fracción de 80.500, más un extra de tres diputados por provincia y un piso mínimo de cinco diputados para las provincias “chicas” con menor población. La investigación de Reynoso se titula “El reparto de la representación. Antecedentes y distorsiones de la asignación de diputados a las provincias” y su análisis está basado en la ley vigente y en los datos del último censo.

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