Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia , su titular, José Leonardo Gialluca, expresó que “no existe puja con ninguna inmobiliaria. Lo que aconteció en el caso de la llamada Urbanización España, porción del Lote Rural 74, hoy adquirido por la Municipalidad de Formosa, es que recibimos la consulta de centenares de familias que fueron sorprendidas en su buena fe, pues se pensaban adquirentes de inmuebles cuyo loteamiento se había realizado de manera legal, conforme a las leyes y ordenanzas vigentes”.

Cuando se inició la investigación, desde la Defensoría , fuimos tomando nota, que la inmobiliaria involucrada, no solo no había cumplido con la normativa vigente para los negocios de compra y venta celebrados, es decir no fue autorizada para la venta en lotes, pues las parcelas que ofrecían ,carecían de calles, luz eléctrica, conexión de agua potable, desagües y todos los demás servicios con que debe contar un inmueble que se ofrece a la venta, más aún si es un loteamiento.

Además, las operatorias fueron constituidas mediante instrumentos inválidos, extendiéndose comprobantes de recepción de dinero que no sirven como recibos, destruyéndose las constancias que se encontraban en poder de los adquirentes al más mínimo retraso y volviéndose a cobrar de nuevo, desde la cuota uno, a personas que ya tenían numerosas cuotas pagas. En fin, una serie de hechos que, desde la Defensoría , se consideró ameritaban la interposición de una denuncia penal, conforme la ley que rige el funcionamiento del Organismo, resultando que el Fiscal Penal en turno, consideró que las centenares de fojas con documentales que remitimos, eran sustento suficiente para abrir un proceso penal en contra de los responsables de la inmobiliaria, proceso que, finalmente, se extinguió por prescripción de la acción, es decir por el transcurso del tiempo, a lo que podemos decir que, no fueron esclarecidos los hechos para determinar que mediaron estafas reiteradas en perjuicio de los vecinos, no obstante lo cual existen causas iniciadas, particularmente, por los damnificados que están aún en marcha y de las cuales pueden surgir sentencias condenatorias.

“Pero, más allá de ello, -abundó Gialluca-, lo que se persigue es regularizar la situación dominial de centenares, de miles de familias que, actualmente, viven en inmuebles en los cuales no existe mensura aprobada, no existe amanzanamiento, los transmitentes jamás se preocuparon por proveerle de los servicios, como es su obligación, más aún si se trata de operadores de negocios inmobiliarios, de quienes debe suponerse conocen las leyes y ordenanzas que rigen su actividad y por lo tanto, deben ser los primeros en acatarlas acabadamente”.

Aludió a que “estas familias se encuentran en la encrucijada de no poder titularizar sus inmuebles por la herencia recibida de quienes se los transmitieron, por ende, no pueden gozar de los beneficios de los que cuenta un propietario, que van más allá del uso y goce de la cosa, tengamos en cuenta que el ser dueño de un inmueble confiere un sinnúmero de ventajas, como por ejemplo la de poder peticionar el acceso a todos los servicios que tiene a disposición su municipalidad, la posibilidad de acceso a un crédito, entre otros”.

Gialluca finalizó diciendo que “no hay que perder de vista el objetivo, son los loteos irregulares los que causan un sinnúmero de conflictos para los vecinos, que la Municipalidad viene a zanjar con la adquisición de los inmuebles a los legítimos dueños, poniendo fin a toda posibilidad de estafa a quienes quieran adquirir un lote de buena fe”.