Arbitrariedad. Gravedad institucional. Una lectura parcial e incompleta de la ley. Al contestar la cautelar dictada por una Corte Suprema integrada por jueces de segunda instancia, mediante la cual se ordenó suspender el proceso de destitución del Jury de Enjuiciamiento contra el tribunal que falló en el caso de María de los Ángeles Verón, el Poder Ejecutivo (PE) no ahorró adjetivos en su intento por revocar la medida judicial.

De esta manera, el alperovichismo realizó las primeras acciones para reimpulsar la acusación por presunto mal desempeño en contra de los vocales de la sala II de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano.

En diciembre, los magistrados dictaron un fallo absolutorio, por falta de pruebas, que benefició a 13 acusados de privación ilegítima de la libertad y de promoción de la prostitución en el caso de Marita. Desde entonces, Susana Trimarco, madre de la joven secuestrada hace 11 años, encabeza una cruzada para destituir al tribunal. Ya recibió el apoyo expreso del gobernador, José Alperovich, y de la presidenta, Cristina Fernández.

El miércoles pasado, la comisión de Juicio Político de la Legislatura decidió -por 11 votos a favor y uno en contra- que correspondía acusar a los vocales por no haber respetado presuntamente protocolos de protección para víctimas-testigos en casos de trata de personas.

Los jueces, en tanto, realizaron acciones en paralelo ante la Justicia para evitar la embestida.

Herrera Molina renunció para acogerse a la jubilación, pero Alperovich le negó el beneficio. Tras un planteo ante la sala II de la Cámara Administrativo, se le ordenó al mandatario revisar el decreto denegatorio, y considerar el delicado estado de salud del juez. Luego, una cautelar separó a Herrera Molina del trámite que realizaba la comisión de Juicio Político.

Los restantes dos magistrados sí fueron acusados por los parlamentarios. Pero, a raíz de un planteo de Romero Lascano (al que adhirió Piedrabuena), la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) ordenó la suspensión del trámite. La decisión fue tomada por los camaristas Salvador Ruiz, Sergio Gandur y Marcela Ruiz. Los jueces de segunda instancia actuaron porque la queja de Romero Lascano contra la conformación del Jury cuestiona acordadas firmadas por los vocales originales del alto tribunal, Antonio Estofán, René Goane, Antonio Gandur, Claudia Sbdar y Daniel Posse.

En este contexto, el letrado de la Fiscalía de Estado, Aldo Cerutti, presentó un recurso de revocatoria en contra de la medida cautelar dictada por la CSJT. "Los fundamentos esgrimidos, entre otros, son que la cautelar ha sido dispuesta a partir de una notoria carencia de fundamentos, que redundan en su arbitrariedad y gravedad institucional", destacó. Además, Cerutti criticó que la medida suspensoria fuera dictada respecto a "actividades públicas legítimas", en alusión a los procesos sustanciados en la comisión de Juicio Político y el Jury.

Luego, consideró que la lectura de la ley sobre la cual se basó la cautelar fue "parcial, incompleta y, por ello, arbitraria". "La característica personal e individual de la acusación aceptada por la comisión de Juicio Político resulta indudable", afirmó Cerutti. Y añadió: "la pretendida 'prudencia' de acoger el pedido de suspensión del trámite de enjuiciamiento político sólo deriva de la voluntad de los magistrados integrantes del tribunal (por Gandur y los Ruiz), y no del ordenamiento jurídico aplicable al caso". Cerutti -que actuó porque el titular de la Fiscalía de Estado, Jorge Posse Ponessa, representa al PE en el Jury-, señaló por último que "esta circunstancia revela gravedad institucional".

Con la acusación contra los vocales del caso Verón suspendida hasta tanto se resuelvan las cuestiones de fondo en las quejas de Herrera Molina y de Romero Lascano, el PE hizo un nuevo intento por avanzar hacia la destitución que reclamó con ahínco la madre de "Marita" tras conocer el fallo absolutorio de los tres magistrados.