Santiago sería utilizada hoy como punto de encuentro de bandas interprovinciales, dedicadas al robo de camiones, también de mercaderías y posterior desguace de las unidades.

Así se desprende de una ambiciosa investigación que timonea el juez Darío Alarcón, quien el jueves motorizó el secuestro de transportes que se encontraban ocultos en el paraje San Antonio Norte, Capital, distante 15 kilómetros al norte de San Marcos.

Las unidades permanecían estacionadas (¿ocultas o abandonadas?) cerca de una casa, a 700 metros de la ruta 9.

Cayeron detenidos tres civiles y dos policías, sospechados de estar vinculados a la presunta falsificación de la documentación en los vehículos, quienes registraban pedidos de secuestro de Santa Fe y Buenos Aires.

Extraoficialmente, se sabe que permanecen incautados dos Mercedes Benz, un Volvo y dos semirremolques. Su naturaleza implica un dilema para la Justicia.

Eximiciones

Ni bien la noticia se hizo pública, abogados habrían presentado pedidos de eximición de prisión.

Representarían a sujetos con vínculos al quinteto apresado, cuyo rol aún asomaría misterioso.

Mientras Alarcón prepara las indagatorias, ya hay una danza de pistas.

Hay una corriente policial convencida de que los camiones contenían grandes cargas de mercadería que desaparecieron.

Desde esa línea investigativa, los voceros apuestan a la existencia de bandas que operan, en complicidad con santiagueños.

Los expertos afirman que alguien esperaba “enfriar” las unidades para reducirlas y venderlas a otras bandas, fuera de Santiago.

Las respuestas justas llegarán cuando los jueces de otras jurisdicciones informen a Alarcón la naturaleza de tales vehículos.