El primero en Villa Mercedes, se condenó a Silvia Graciela Palacio -Jefe del PIS Villa Mercedes por 2004- al pago de 47.500 pesos, por daños y perjuicios a Quattropani y seis docentes más. Por esa denuncia, los docentes fueron sumariados durante dos años. El segundo fallo, de un hecho más reciente, tiene que ver con un no innovar que se dictó sobre el desconocimiento que está haciendo el Ministerio de Educación provincial, sobre la licencia gremial que tiene que conceder, por Ley, a la titular de ASDE.

Licencia gremial

Quattropani, denunció hace dos semanas ante la prensa que el Ministerio de Educación no le reconocía su licencia gremial, por ser titular de ASDE e integrante de CTERA, por lo que había presentado un recurso de amparo en el Juzgado Civil Nº 2, asegurando que es víctima de una persecución política.

La titular de ese Juzgado, decidió aceptar el recurso y dictaminó la medida de no innovar, que en realidad no es una medida demasiado tranquilizadora, puesto que hasta ahora, la Juez dice que no se tomen medidas de ningún tipo -por ejemplo cesantear a Quattropani por faltas-, hasta que defina la cuestión de fondo, algo que puede llegar a tardar años en resolver.

Denuncia en 2004

Allá por los inicios de 2004, se generó el conflicto docente de más alto acatamiento de la historia, que duró más de tres meses, y que dio origen a las marchas de la Multisectorial. En esas circunstancias, los docentes emprendieron medidas de fuerza, que fueron apoyadas por una gran cantidad de padres que no enviaban a sus hijos a los establecimientos educativos, pero no faltaron aquellos afines al gobierno provincial, que intentaron por todos los medios romper la unidad que había en la lucha de la comunidad educativa.

En esas circunstancias, en Villa Mercedes, fue la entonces jefe del Plan de Inclusión Social, Silvia Palacio, quien denuncia a Quattropani -además de a Rosalina Gioda, Karina Daniela Cresta, Elsa Noemí Viu, Graciela Adriana Pallero. Elizabeth del Carmen Ricca y Norma Raquel Soria-, por los cargos de “maltrato a niños, falta de titulación y ética, mal desempeño, etc.”. Sobre Quattropani la había denunciado por haber maltratado a su hija, “hasta el llanto”. Pero el mal tino de Palacio vio la luz cuando se comprobó que el día en que, según Palacio había maltratado a su hija, Quattropani no había concurrido a la escuela por estar con licencia.

Fuentes villamercedinas consultadas por Periodistas en la red, aseguraron que Palacio “era ultraoficialista en esas épocas, pero poco tiempo después se cruzó de vereda hacia la oposición y ahora es una de las más estrechas colaboradoras de José Riccardo” el candidato a Gobernador por la Unión Cívica Radical.

Más allá de las afirmaciones políticas, Palacio apeló la medida, pero de serle adversa y quedar firme la condena, deberá disponer de su propio bolsillo el pago de los 47.500 pesos, puesto que la denuncia la hizo de manera particular y no como jefe del PIS.

Por otra parte, el sumario administrativo que instruyó el actual juez Civil Nº 4, José Agustín Ruta, entonces instructor del área Sumarios del gobierno provincial -cuyo titular era el cuestionado Horacio Zavala Rodríguez (h)-, esperó dos años en ser resuelto, también a favor de las docentes, aun cuando estaba a la vista del instructor, la prueba de que Quattropani no había concurrido ese día al establecimiento educativo, por lo cual jamás pudo haber sido actora de lo que se la denunció.

En el mismo orden, es vergonzoso que con tanta evidencia a favor de las docentes, la justicia se haya tomado siete años en resolver algo que se debería haber resuelto apenas se presentó la prueba de que Quattropani no había concurrido ese día a la escuela. ¿Esto no es mora judicial?