“Muchos se quejan del precio y de los estudios de costos y nos piden que ejerzamos el poder de policía, sanciones y caducidad de líneas, pero si aplicamos con rigurosidad lo que dice la normativa nos quedamos sin servicio de transporte público de pasajeros”. En declaraciones a FM Universidad el funcionario enunció las dificultades y limitaciones que presenta “un problema coyuntural”. 

Unos 147 colectivos circulan en Resistencia y más de 170 en el área metropolitana, “en el país hoy no se consiguen 300 unidades que vengan a prestar servicio en forma inmediata con un boleto a $3,75; nadie va a querer asumir esa inversión”, describió.

Almirón sostiene que la ciudad y la provincia hicieron grandes avances en el sistema de transporte público respecto de hace siete u ocho años. “Tenemos la experiencia de haber convocado a tres licitaciones nacionales y hoy no podemos retroceder” en ese aspecto, aunque sintetizó el problema en una frase: “Hoy la coyuntura es en la cuestión de la tarifa”.

Para estudiantes

En cuanto al pedido que algunos sectores manifestaron de contar con un boleto estudiantil sin cargo, el funcionario mencionó que en ciudades como de la vecina Corrientes existe porque hay un sistema de subsidio que lo asiste. “Es una medida políticamente correcta y beneficia a un sector que tiene que ser protegido por el Estado, la cuestión es responder con qué mecanismos de sustentación lo hacemos. Lo demás es discurso electoral”.

El boleto urbano

La suba del boleto a 4.90 en febrero generó que el defensor del pueblo acuda a la Justicia para retrotraer el precio a 3,75. Las interurbanas acataron la medida pero las urbanas resisten el cambio. El viernes 27 de febrero el Concejo aprobó una ordenanza que equiparó el precio del urbano al interurbano, y aunque las empresas urbanas se notificaron, y el municipio les labró actas de infracción -lunes y martes-, no cumplían la ordenanza. Además presentaron un reclamo administrativo conjunto y un amparo para mantener la tarifa en 4,90 pesos.

“En no más de una semana o diez días la cuestión de la tarifa tendrá una alternativa. Tanto provincia como municipio no nos podemos ir más allá de esos tiempos porque tendríamos un problema en general en el tema transporte”, analizó. Aunque también se arriesgó a pronosticar un resultado favorable a las empresas: “Vamos a tener un fallo de la Justicia que nos obligará a respetar la tarifa de 4,90”.

Posible paro

En la semana la cámara que agrupa a las empresas de colectivos, Cetach, adelantó que si reduce el precio del boleto no podrá afrontar los costos del servicio. Además anticipó que tampoco podrá hacer frente al pago de sueldos en forma total, solamente en forma escalonada. El sindicato ya rechazó el planteo y si no hay garantía del cobro total de los haberes, y abrió la posibilidad de un nuevo paro de choferes. 

Almirón afirma que espera a ver qué resolverá la provincia en cuanto al precio, si se va a avanzar hacia un mecanismo de compensación o subsidio, de manera que si eventualmente se da una reducción tarifaria en Resistencia, también llegue a las empresas urbanas y no como sucedió hace un año que benefició solamente a las interurbanas.

La Línea 9 sigue sin circular

La reanudación del servicio de la Línea 9 volvió a reunir a empresarios y municipio el martes para analizar avances en el aspecto administrativo. 

El municipio había determinado la caducidad de la administración de la empresa Gran Resistencia y la adjudicó a una unión transitoria (Resistencia Urbana). No obstante la discusión sobre el cuadro tarifario demoró las conversaciones, así como el plan de inversión y la incorporación de los choferes por falta de certezas en la vigencia de ese valor.

“Una vez que solucionemos la tarifa del boleto se podrá continuar el proceso de regularización de la Línea 9”, sintetizó el secretario. 

La UTE comunicó que ya hizo su inscripción social, en la AFIP y ante el registro público de comercio, como “intención de formalizar su constitución”. En tanto el municipio exhibió los elementos constitutivos de la nueva empresa, la concesión, comunicaciones a la jurisdicción nacional, (Secretaría de Transporte de la Nación y a la comisión nacional de regulación de transporte terrestre, que verifica los subsidios al gasoil para que el servicio mantenga el cupo).