Cuando el próximo 4 de abril comience el juicio oral y público por el único secuestro y desaparición de un ex gobernador en la Argentina, se pondrán en la mesa de los secretarios más de cincuenta cuerpos de doscientas fojas cada uno, que se acumularon desde que se comenzó a instruir la causa.

Según se informó en el juzgado, la última documentación que se agregará a los expedientes será una serie de ampliaciones de pericias que algunos de los cuatro querellantes pidió al Tribunal Oral cuando se proveyeron las pruebas que se analizará durante el juicio.

Aunque la expectativa de las querellas y de organismos de derechos humanos era que el juicio se inicie antes de fin de año, el Tribunal finalmente se decidió por hacerlo el cuatro de abril, cuando comenzarán a declarar los 95 testigos que serán citados.

Además de la ampliación de las pericias, la medida se justificó en el hecho de que uno de los miembros del Tribunal, el tucumano Carlos Jiménez Montilla, tiene en su sede de origen otros juicios por delitos contra los derechos humanos en febrero y marzo de 2011.

El Tribunal Oral estará también conformado por Marta Liliana Snopek, que actuará como presidenta y Luis Giménez, juez del Tribunal Oral de Tierra del Fuego.

Como cuarto juez, además, actuará José Quiroga Uriburu, del Tribunal Oral de La Rioja.

El cuatro de abril entre los acusados se sentarán el entonces jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Muhall, y su superior inmediato Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III cuerpo de Ejército.

También se juzgará la responsabilidad del entonces jefe de Policía de la Provincia, Miguel Gentil, y su director de Seguridad, Joaquín Guil.

La nómina se completa con Jorge Héctor Zanetto -un presunto miembro de la Triple A-, y el oficial de la policía Andrés Soraire que tenía a su cargo un grupo de tareas dedicado a la persecución ideológica y dos agentes de apellido Herrera, que estaban en la cercanías de la intersección de Apolinario Saravia y pasaje del Milagro, cuando se produjo el secuestro.

Tras el largo proceso judicial quedaron como querellantes miembros de la familia Ragone, los estados nacional y provincial, la asociación Encuentro por la Memoria, y familiares de Margarita Martínez, la mujer herida durante el secuestro.