olvemos a considerar el proyecto de ley de modificación del Consejo de la Magistratura, junto a otras iniciativas, que cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados en el marco de la proclamada, aunque inexactamente denominada, democratización de la Justicia.

Existe un amplísimo consenso social y político en la Argentina sobre que es necesario llevar adelante una profunda reforma judicial, que sea respetuosa de la independencia de poderes y la constitucionalidad.

No cabe duda de que hay que agilizar la justicia. Hacerla más accesible para todos los ciudadanos, y especialmente para los sectores más vulnerables. Coincidimos en que no hay que ocultar información. Necesitamos una justicia más eficiente.

Digámoslo claramente, señor Presidente. No se pretende democratizar la justicia. Solo se busca tener un Poder Judicial que le sea funcional al Poder Ejecutivo nacional.

Tras un propósito se esconde otro. Por eso no estamos ante una reforma seria y necesaria. Otra vez este Gobierno demuestra operar en la coyuntura y no en la estructura. Otra vez este Gobierno dice una cosa para hacer otra.

Así se logró la aprobación de la ley por la que se crean Cámaras de Casaciones, que están mal diseñadas y que solo producirán mayores demoras en la administración de la Justicia.

Así se ha logrado alterar la naturaleza de los amparos judiciales, limitando su acceso por parte de los ciudadanos, y cuya inconstitucionalidad ha sido planteada ya en sede judicial.

Así se intenta terminar de lograr hoy una pésima reforma del Consejo de la Magistratura, que expone a sus integrantes a una lógica partidaria que les debe ser ajena, permitiendo que una mayoría circunstancial pueda imponer su voluntad en desmedro de las minorías.

Los cambios introducidos en Diputados, y que estamos considerando, poco han hecho para revertir estos conceptos.

Hoy se suman otros tres proyectos en la misma línea, sobre el ingreso de personal al Poder Judicial de la Nación, la publicidad de declaraciones juradas de los funcionarios públicos y la publicidad de sentencias. Dichos proyectos, si bien plantean objetivos que se comparten, avanzan sobre facultades que son propias del Poder Judicial de la Nación y en algunos casos, son redundantes o implican un retroceso respecto de procedimientos ya vigentes en dicho ámbito.

Con el producto de esta reforma, el escenario que se plantea, desde una perspectiva republicana, es preocupante y temible.

Y creo no exagerar cuando la Organización de Naciones Unidas, a través de la relatoría especial por la independencia de la justicia, ha expresado su profunda preocupación, solicitando a su vez que no se avance en esta reforma judicial, teniendo en cuenta que pueden llegar a verse afectadas las garantías del ciudadano de acceder a un juez imparcial e independiente para decidir y juzgar cuando sus derechos sean violados.

Es que esta embestida legislativa se da pese a la falta de un acuerdo de fondo, y pese a los evidentes defectos constitucionales de un paquete de leyes propiciado por el Poder Ejecutivo nacional. No se ha escuchado con atención lo que opinan los legisladores y dirigentes políticos. No se ha atendido lo que han opinado numerosas entidades, organizaciones, académicos y especialistas. No se ha tampoco valorado la recomendación de la Iglesia Católica Argentina que pidió una reforma judicial producto del consenso para no debilitar la democracia.

Todo se dio pese al claro repudio de una sociedad ávida de justicia, ávida de que se le resuelvan sus problemas reales, ávida de que no se toquen las instituciones y no se avasalle la Constitución, ciudadanía que se expresó en las calles de todo el país. Y que seguramente lo seguirá haciendo.

El federalismo ha sido ignorado, ya que no se ha contemplado la perspectiva de las jurisdicciones provinciales. Nuevamente, se ha dado en el Congreso de la Nación, en un tema tan delicado, un debate de poca calidad y apresurado. Solo hubo premura y un avasallamiento a las instituciones republicanas.

Por todo ello, señor presidente, es que me opongo a estos proyectos de una supuesta democratización de la justicia.