"En el marco de los graves acontecimientos de ocupación de lugares públicos, ocurridos en distintas provincias, que denotan el actual déficit habitacional que también registró el último censo, le reclamamos la adopción de urgentes medidas para evitar que hechos similares puedan suceder en San Luis" señalan los legisladores en la nota.

De acuerdo a este panorama, Mónica Ruti y Eduardo Gargiulo, los firmantes de la misiva, proponen adoptar algunas acciones concretas:

- Realización de un Censo de Demanda Habitacional, para conocer con certeza las necesidades reales en cada localidad.

- Reforzar el Operativo de inspecciones del Programa de Vivienda para detectar la existencia de casas adjudicadas que se encuentran desocupadas y/o alquiladas y proceder a su readjudicación.

- Lanzar un Plan de Regularización de Deudas a los fines de elevar la recaudación por este concepto y volcarlo a la construcción de nuevas unidades, en un círculo virtuoso que años atrás diera excelentes resultados.

En cuanto al retraso salarial de los empleado públicos, los diputados señalan que "teniendo en cuenta que durante este año apenas recibieron un 15% de aumento en dos cuotas, porcentaje que ni siquiera compensó la pérdida de poder adquisitivo sufrida en el 2009. Por este motivo, la cifra de $500 otorgada por única vez (que en el caso de los Municipios no pudieron cumplir), nos parece una medida insuficiente, dado que lo más justo y razonable hubiera sido disponer un incremento salarial promedio del 30 % para las categorías más bajas y al menos un 20 % para los salarios más elevados". Además solicitan la regularización laboral de los empleados que llevan varios años en condición de contratados o pasantes.

El aumento para el sector que reclaman los representantes del departamento Pedernera, solicitan que se efectivice a partir del 1º de enero mientras que se convoca a paritaria para discutir las condiciones de trabajo.

Por último, piden por el nombramiento de un Defensor del Pueblo "que se encuentra acéfala desde hace varios años, a pesar de representar una rueda de auxilio y contención para miles de ciudadanos, y que constituye una obligación constitucional (Art. 235 de la C.P.)".

"No desconocemos que este Instituto depende del Poder Legislativo ni pretendemos una injerencia por parte del Ejecutivo. Pero no desconocerá Ud. que para nominar a los candidatos son necesarias las firmas de al menos 14 diputados y 3 senadores, número que sólo puede alcanzar el oficialismo que a Ud. representa" remarcan.