Ello con el objeto de tornar más simple y llevadera la reclusión, toda vez que los beneficios de los internos de ser alojados cerca de sus hogares favorece el contacto con sus familiares, como así también, la reinserción social y eventuales salidas transitorias.

Asimismo ello beneficiaría a sus familiares, quienes no deberían trasladarse para mantener una relación fluída con los detenidos.

Todo de acuerdo a la Constitución Nacional, la que ha concebido que: “...Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice...“(art. 18 CN), por lo que una política criminal acorde con el principio antes expuesto debería priorizar el alojamiento de una cantidad de condenados en las condiciones que conlleven al cumplimiento de la doctrina expuesta.