La ilegalidad que enmarcó el cobro de aumentos en impuestos municipales y los resultados expuestos por el informe de la Auditoría General de la Provincia (AGP), fueron los motivos que expuso el concejal radical Juan Jesús Martínez para elevar un pedido de juicio político contra el intendente de la Municipalidad de Cerrillos, Rubén Corimayo.
Martínez tiene 23 años y nunca conoció otro intendente, dado que Corimayo está en el municipio desde hace casi un cuarto de siglo.
El pedido ingresó el lunes un poco antes de las 13 y el martes tomó estado parlamentario. Los concejales que se identifican con el oficialismo se levantaron y dejaron la sesión sin quórum. El presidente del Concejo Deliberante, Fidel Torres, deberá decidir sobre la convocatoria especial que debería realizarse en el Concejo para tratar el pedido en cuestión.
El 7 de junio de 2013 Corimayo dispuso una ordenanza ad referéndum para adecuar el valor de la unidad tributaria (UTM) fijándola en $3,60 a partir de julio de 2013. Hasta esa fecha, la UTM ascendía a $2,40.
Los concejales rechazaron la ordenanza entendiendo que no acudían las razones de extrema urgencia para cobrar el incremento. El aumento se siguió cobrando hasta que meses después, las autoridades del Concejo junto con el defensor del Pueblo de Cerrillos, Carlos Paz, presentaron un amparo. Antes, la Corte de Justicia de Salta había rechazado el pedido de inconstitucionalidad que presentó Corimayo ante la decisión de los concejales de dejar sin efecto el aumento pretendido.
En su pedido, Martínez indicó que lo cobrado desde julio de 2013 careció “de destino específico por no haber sido contemplados en la ordenanza tributaria correspondiente. Puede advertirse... que a más de ilegal el incremento, también se ha pretendido eludir el control de los actos de gobierno".
Martínez contó que tras el amparo que impidió seguir cobrando el aumento, Corimayo aseguró que el municipio cuenta con un déficit por no haber hecho lugar al aumento desde el Concejo Deliberante. El 13 de noviembre el Concejo sancionó la Ordenanza n° 316/2014 por la cual se incrementó la Unidad Tributaria Municipal (UTM) a partir del 1° de diciembre de 2014 a $3.80 (pesos tres con ochenta centavos). Entre los artículos 2 y 6 la normativa reconocía a favor de los contribuyentes que habían pagado el tributo ilegalmente exigido un crédito fiscal resultante de la diferencia de $1,20 por cada unidad tributaria mal cobrada, el que debía ser efectivizado en 24 cuotas. Pero Corimayo vetó parcialmente la ordenanza disponiendo el aumento, y derogando la posibilidad de devolver el dinero mal cobrado.
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