Desde la Corriente radical de Entre Ríos calificaron de “aprietes” las intimaciones para que productores vendan sus granos. “Ni el estado nacional tiene atribuciones legales para obligar a nadie a vender lo que no quiera”, afirmaron.
En ese marco, precisaron que, para que una persona pueda privársela de su propiedad, es necesario que se den dos condiciones:
- que exista una causa legal;
- que exista un proceso judicial que así lo declare.
De todas maneras, manifestaron a través del texto enviado a INFORME DIGITAL que, “por lo menos, al 95% de quienes producen soja, hace tiempo no les queda un solo grano en los silos. Vienen de 3 cosechas de mediocres a malas, tienen una alta tasa de iliquidez, pagan los insumos a un dólar de 8 pesos y venden la producción a un dólar de 2,90. A esto debemos sumarle la más alta presión tributaria de la historia, que sufren por retenciones, Impuesto a las ganancias, Impuesto a los Bienes Personales, IVA, Ganancia Mínima Presunta, Inmobiliario Rural que en Entre Ríos subió el 600% en muchos casos, y no son ajenos a la inflación”.
“No sé sabe qué buscan, porque de acuerdo a los números oficiales, salvo que el Gobierno no crea en sus propias estadísticas, la soja de la cosecha pasada de 40 millones de toneladas, está completamente colocada comercialmente”, concluye el escrito firmado por Armando Patat, Lenico Aranda, Eduardo Lawrie, Fabián Mostafa, Damian Candarle, Leandro Dato y Horacio Giorgio.
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