Asi lo hizo saber la Comisión Directiva de la entidad , haciendo propias las palabras de Rubén Ferrero, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, quien aseguró que la huelga es en apoyo de la Sociedad Rural Argentina (SRA) “ante el avasallamiento a la propiedad privada y los derechos adquiridos”.

También expresaron su repudio al hecho desde otros sectores del agro. Los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) expresaron su sorpresa y preocupación por el decreto presidencial referido al predio de la Rural “que no colabora en la construcción de confianza en el país ni dentro de él, como así tampoco genera tranquilidad y paz social”.

Esto se debe a que el pasado jueves 21, el Gobierno anunció que tomará posesión del predio de Palermo –de 45.000 metros cuadrados cubiertos y 10.000 descubiertos– por el “precio vil” en su venta en 1991.

En ese sentido, la Sociedad Rural Argentina (SRA) denuncia una campaña persecutoria y difamatoria llevada adelante por el Gobierno nacional contra su institución y contra todos aquellos sectores que expresan un pensamiento diferente al oficial. Se busca silenciar las voces críticas, al periodismo independiente, presionar a la Justicia y atacar los sectores productivos del país.

Continua diciendo la entidad centenaria que “En ese contexto se inscribe el reciente avasallamiento de los derechos de propiedad que sufrió la SRA a partir de maniobras lanzadas desde lo más alto del poder político que desconocen las garantías plasmadas en nuestra Constitución Nacional y que carece de legalidad”.

Agregando que “al mismo tiempo, la temeraria acción gubernamental es un nuevo ataque a los miles de argentinos que se desempeñan en el campo, aportando trabajo y desarrollo a todas las comunidades del interior del país”.

“El gobierno nacional incurre en una aberración jurídica al pretender anular por decreto, más de 20 años después, la venta del Predio de Palermo, efectuada a un precio justo determinado por el Estado nacional del que se pagó el 80% y que ponderaba debidamente las importantísimas restricciones de uso y el cumplimiento de sustanciales cargos de compra que incluían la construcción del centro internacional de exposiciones y congresos, que irrogó más de 100 millones de dólares” dijeron.

El ataque al sector productivo en general y al campo en particular constituye un acto de venganza cuatro años después del intento confiscatorio a través de la tristemente célebre resolución 125.

La SRA iniciará las acciones correspondientes y se someterá a la decisión de la justicia. La SRA , rechaza el renovado intento por avanzar en la intención del “vamos por todo” y reafirma su compromiso con los valores democráticos de división de poderes, libertad de expresión, seguridad jurídica, derecho de propiedad e independencia del poder judicial.