En un comunicado de prensa, la Sociedad Rural de Córdoba, como ya lo hicieran días atrás otras entidades del campo como Cartez, sostuvo que “la aplicación de ese aumento no tiene sustento legal de ninguna especie y se ha adoptado sin respetar criterio alguno, ni los valores de las propiedades, ni su capacidad productiva ni ningún otro elemento que le fundamente”.

Además, resaltó que “esta situación ha provocado un marcado desencanto entre nuestros socios y productores” y señaló que la SRC “ratifica su desacuerdo con los incrementos tributarios ilegítimos e irregulares y solicita a las autoridades que convoquen a las entidades representativas y organismos pertinentes para evitar situaciones conflictivas”. En diálogo con este diario, Ballesteros reclamó a De la Sota que “aplique la ley” de revalúo de campos, para hacer previsibles los aumentos al sector. Esto implicaría convocar al jury del revalúo, algo que el resto de las entidades del campo resisten, porque un mayor valor de las propiedades los llevaría a pagar mayores impuestos nacionales como Bienes Personales y Ganancias.

“El año pasado, el gobernador le dijo a las entidades del campo que necesitaba 1.200 millones extra del sector agropecuario de Córdoba, pero luego cerraron en 310 millones. Hoy, la verdad, no sabemos cuánto va a recaudar De la Sota, y no es que no queramos pagar”, indicó Ballesteros, un dirigente identificado con el Gobierno nacional.