La estrategia investigativa del órgano de control se diferencia del Poder Judicial que hasta ahora sólo se limitó a investigar a unos pocos funcionarios de primera línea.

En diálogo con ADN, el vocal del Tribunal de Cuentas, Pedro Casariego, aclaró que “técnicamente no se puede hablar de sobresueldos, en realidad lo correcto es hablar de adicional. El término sobresueldos responde a una expresión política y periodística”.

Concretamente, en cuanto a la auditoría, dijo que “la misma está ejecutándose a buen ritmo, pero dentro de una tarea muy ardua desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo”.

“Hay que recopilar muchísima documentación e información, clasificarla, ordenarla e interpretarla. Son muchos años acumulados, desde el año 2004 hasta la actualidad. Ya hay muchos elementos en nuestro poder, pero también falta conseguir bastante. Nos la están entregando y día a día la ponemos sobre la mesa de trabajo”, comento.

Preguntado por el alcance que tiene su trabajo o hasta donde quieren llegar con la auditoría, respondió que “hasta donde hay que llegar, o sea, hasta el fondo”.

“Corresponde determinar el destino de cada peso de esa cuestionada partida de los respectivos presupuestos provinciales, desde el antiguo Ministerio de Coordinación y luego la Secretaría General de la Gobernación hasta el último empleado que cobró el adicional”, agregó.

Consultado por el grado de avance del trabajo, dijo que está en aproximadamente en un 50 por ciento y estimó que se necesita “no menos de dos meses para terminar y arribar a una conclusión”.

La Justicia citó a indagatoria a ministros y ex ministros ¿Qué paralelo tiene esta causa judicial con la auditoria que el Tribunal de Cuentas está realizando?, se le preguntó.

“No conozco la causa, pero por la información periodística me parece que los caminos son diferentes, nosotros por lo pronto tenemos como objetivo determinar la distribución total que se dio a las partidas presupuestarias, a quienes les correspondió el adicional, constatar si efectivamente fue percibido y determinar si el marco legal autorizaba a su creación”.

¿El Tribunal de Cuentas le entregará la auditoria a la Justicia?

“Hay dos cuestiones premisas: la primera es que la finalicemos, para lo que falta bastante y la segunda es que no las pidan si es que la consideran útil”.

Por otra parte, ADN consultó en la Fiscalía de Investigaciones por como va en ese organismo el trámite similar. Desde ese lugar se dijo que “toda la información está en manos del Poder Judicial, por lo que los avances en esa área son mínimos y que también están a la espera de los resultados de la auditoría del Tribunal de Cuentas”.

Explicaron que posteriormente la Fiscalía de Investigaciones deberá detectar si hubo perjuicio al Estado para actuar en consecuencia.