Desde el 12 de noviembre de 1979 hasta 16 de agosto de 1984, cuando el acusado falleció, la Justicia riocuartense dispuso de casi cinco años para llevar a juicio a Víctor Oscar Ruiz y así sacar a la luz las presuntos robos de bebés y apropiaciones de recién nacidos propiciados por este médico.

Sin embargo, como ya es público y notorio, el Juzgado de Instrucción de Segunda a cargo por entonces del juez Oscar Boni nada hizo para ir a fondo en esta delicada causa, salvo ordenar la liberación del médico y dejar que el expediente ingresara en un limbo de indefinición hasta que fue a parar al Archivo del Poder Judicial.

Si hubo una orden del poder de facto para frenar la causa o si los funcionarios a cargo de investigar no alcanzaron a dimensionar la gravedad de lo que tenían entre manos y por eso dejaron dormir el expediente es algo que sólo conocen los protagonistas de este desaguisado judicial, lo concreto es que a la fiscalía que desenterró el expediente por robo de bebés y supresión de identidad hoy le queda un camino posible: pedir el sobreseimiento del acusado por la sencilla razón de que la Justicia no puede perseguir a un muerto.

Así lo hizo ayer el fiscal Julio Rivero en el escrito que elevó al juzgado de Control, a cargo de Daniel Muñoz. Se trata de una formalidad que se caía de maduro, pero lo encomiable es que en esa misma solicitud Rivero le pidió a Muñoz que luego de sobreseer a Ruiz, la causa retorne a su fiscalía para profundizar la investigación y, de esa manera, tratar de esclarecer el verdadero origen de “personas que se encuentran ávidas de conocer su realidad biológica”.

Ese y no otro, había sido el objetivo de la presentación que el 6 de septiembre último hiciera el asesor letrado de Tribunales, René Bosio cuando pidió que se rescatara la causa porque “podríamos estar ante la privación de un rasgo de la esencia humana, impidiendo una respuesta primaria a la pregunta “¿Quien soy?”, de características imprescriptibles, dado que toda persona tiene el derecho hasta el último día de su vida de saber quien es, de conocer su verdadera identidad”, decía Bosio, acaso sin sospechar los acontecimientos que su decisión desencadenaría.

Es que en cuestión de semanas, la fiscalía de Cuarta Nominación, logró identificar al bebé que a fines de octubre de 1979 Ruiz se había llevado a su casa y concretó un emotivo reencuentro con su madre biológica; pero además el personal del archivo consiguió ubicar aquella “aguja en el pajar” que era el expediente dormido y, se corroboró que lo que el policía Alfredo Leban había denunciado públicamente no era una invención, es decir, que existían allí sobrados elementos para ir a fondo en una de las causas más delicadas que haya recibido la justicia local.

En su petición al Juzgado de Control, el fiscal no cargó las tintas en la indisimulable omisión de quienes lo precedieron pero apostrofó el comportamiento de Boni y compañía de una manera breve y contundente: hubo un “llamativo desinterés persecutorio”, expresó.

En el expediente se encontraron nada menos que 13 certificados de partos falsificados y 6 certificados en los que madres adolescentes renunciaban a los derechos sobre sus bebés. Todos llevaban el membrete de Víctor Oscar Ruiz que por entonces ya tenía 71 años.

Una vez que Rivero tuvo la confirmación de su fallecimiento pidió que se cierre “definitiva e irrevocablemente” el proceso en su contra, pero no así la causa porque entendió que con las pruebas que existen no sólo se pueden llegar a esclarecer las maniobras de sustracción de identidad que se llevaron adelante en los ‘70 en Río Cuarto, sino que se pueden individualizar aún a otros supuestos partícipes y de esa manera tratar de ayudar a decenas de personas que sólo se sentirán completas el día que echen por tierra las falsedades que contienen sus actas de nacimiento y logren descubrir sus auténticas raíces.