Arrodillándose ante las presiones del Sindicato de Trabajadores Municipales y a contramano de lo sugerido por la Dirección de Sumarios y la Junta de Disciplina, el Secretario de Gobierno Ariel Ciano sugirió aplicar una irrisoria y vergonzosa sanción a un grupo de empleados acusados de actos de corrupción en la denominada causa de “sobreprecios” en el área de compras durante la anterior gestión.
LA CAUSA
En el marco de una investigación por presuntos sobreprecios ocurridos en el área de Compras y Suministros del Municipio durante el gobierno de Katz, el Tribunal Oral Criminal N° 4 juzgará a los proveedores Marcelo Fortier y Antonio Aon, al ex jefe de Compras, Carlos Luppi, y a los empleados Eduardo Fiorelli, Néstor Molina y Marcos Brown, por presuntos hechos de corrupción. Puntualmente, a los imputados se los acusa de haber participado entre mayo de 2003 y abril de 2004 de 11 hechos de defraudación, consistentes en la compra directa de alimentos, mercaderías (aberturas y calefactores, entre otros), y medicamentos que eran destinados a la Comuna, y por los que se pagó un presunto sobreprecio que iba del 100% al 500%.
Cabe recordar que luego de una denuncia presentada por la Defensora del Pueblo adjunta, Mónica Felices, la investigación judicial estuvo a cargo del ex Fiscal de Delitos Económicos, Pablo Poggetto, quien a través de una pesquisa y de cotejar documentación, logró descubrir la supuesta adulteración de los cuadros comparativos de precios, por lo que eran en todos los casos favorecidos dos proveedores.
IMPUNIDAD
Mientras la causa recorre el camino de la Justicia hace más de seis años, la Comuna abrió un sumario administrativo contra los agentes municipales involucrados en estos posibles hechos de corrupción.
Al finalizar el trámite del sumario, la Dirección de Sumarios y la Junta de Disciplina de la Comuna hace pocos días aconsejaron al intendente Pulti que debía tomar la decisión de cesantear a los agentes Fiorelli, Molina y Brown. A su vez, el Sindicato de Trabajadores Municipales solicitó una sanción de 30 días para los mencionados empleados.
Arrodillándose ante las presiones del gremio de Gilardi y desoyendo lo sugerido por la Dirección de Sumarios y la Junta de Disciplina, el Secretario de Gobierno Ariel Ciano sugirió aplicar una “sanción ejemplificadora” de 30 días de suspensión a este grupo de empleados acusados de actos de corrupción. Finalmente, el intendente Pulti firmó el decreto Nº 1475 ratificando la decisión del flamante candidato a concejal de Acción Marplatense.
Queda claro que no solo existen sospechas de connivencia entre el Ejecutivo y el Sindicato a la hora del ingreso por la ventana de cientos de nuevos agentes a la planta de personal municipal. También, se negociaría impunidad.
¿ERRORES O CORRUPCIÓN?
En los fundamentos del decreto, el Jefe Comunal explicó que para tomar la decisión de la “ejemplificadora sanción”, tal como la calificó Ciano, “se tuvo en cuenta que “la situación económica financiera en la que se encontraba la Comuna en ese momento, generaba que, dado el extenso plazo para efectuar los pagos, no hubiera proveedores que quisieran venderle a la Municipalidad, que la mayoría de las solicitudes de compra realizadas por las dependencias, tenían en carácter de muy urgentes, ya sea en estufas, medicamentos y otros insumos indispensables para distintas dependencias, sumando esto a la falta de personal, que recargaba de manera considerable la actividad de los agentes, ocasionando en algunas oportunidades la comisión de errores”.
Estas palabras de Pulti difieren de lo aseverado en su momento por el Dr. Pablo Poggetto.
“LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA HA SIDO PERJUDICADA”
Al elevar la causa a juicio oral y público, el ex Fiscal y ahora Juez Poggetto, quien tuvo durante un tiempo tuvo como adjunto de la fiscalía al Dr. Ariel Ciano, aseveró que “la administración pública ha sido perjudicada, pues no ha realizado debidamente el proceso referido a las compras directas, sino que como consecuencia de dicho mecanismo, ha dejado de poseer sumas dinerarias, ya que si no hubiera abonado sumas sobrevaluadas o sobreprecios de las compras realizadas, contaría en sus arcas con dinero excedente, producto de haber abonado el precio que corresponda”.
A su vez, Poggetto recalcó que “maniobras ardidosas de esta naturaleza, devienen en perjuicio económico de la Administración Pública Municipal al abonar sumas desproporcionadas por productos, mercaderías o servicios, ocasionando con ello, no contar con una eficiente administración de fondos, que le permita gastar los mismos de manera adecuada y racional, así asignarlos debidamente a las funciones específicas que debe tener un estado (salud, educación, seguridad y sostenimiento de los servicios públicos)”.
Ante esta escandalosa decisión de Pulti, según confiaron dos prestigiados letrados del foro penal local a 0223.com.ar al ser consultados, el gobierno de Acción Marplatense habría dejado al Fiscal y a los abogados querellantes que representan a la Comuna en una posición de extrema debilidad ante la Justicia a poco tiempo de arrancar el juicio oral y público. Ya que el propio estado municipal está justificando el accionar de los empleados acusados de corrupción


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