Los ministros de Seguridad, Raúl Lamberto, y de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, la intendente de la ciudad de Rosario, Mónica Fein; el procurador de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, y el fiscal General del MPA, Julio De Olazábal; encabezaron esta mañana un encuentro con fiscales, jefes policiales, legisladores, autoridades locales y especialistas.
De la reunión, realizada en la sede de Gobierno de Santa Fe en Rosario, participaron también los fiscales regionales Ricardo Fessia y Jorge Baclini; el secretario General del Ministerio Público de la Acusación, Mario Barletta; los fiscales de Cámaras, Guillermo Camporini, María Eugenia Iribarren y Cristina Rubiolo; el secretario de Control de la Municipalidad de Rosario, Pablo Seghezo; la secretaria de Investigación y Prevención de Delitos Complejos, Ana Viglione; el especialista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Martín Appiolaza; los legisladores provinciales Joaquín Blanco y Julián Galdeano; y el jefe de Policía de Provincia, Omar Odriozola.
Se consensuaron algunos puntos clave.
Implementar acciones conjuntas entre los municipios y el Ministerio de Seguridad, con la colaboración del Ministerio Público de la Acusación -y el Ministerio Público Fiscal anterior-, con el fin de erradicar el comercio ilegal de armas y municiones.
Establecer una base de datos única entre el Ministerio de Seguridad y el MPA para el registro de armas y municiones que involucre las pertenecientes a las fuerzas de seguridad, a civiles y las secuestradas por hechos ilícitos.
Implementar un procedimiento de destrucción periódico y permanente de las armas y municiones secuestradas por parte del Ministerio Público de la Acusación y el Poder Judicial en coordinación con el Registro Nacional de Armas (RENAR).
Coordinar la implementación de protocolos en forma conjunta con el Poder Judicial y el MPA para establecer mecanismos efectivos de control de los depósitos judiciales.
Coordinar con el RENAR la implementación de mecanismos de control sobre los vendedores autorizados de armas y municiones así como el intercambio eficiente de información.
Conformar un Consejo Consultivo para coordinar las políticas de control de armas, con participación de la sociedad civil y la Red Argentina de Desarme.
Lamberto informó que se creará, al interior del Ministerio de Seguridad, un área específica con rango de subsecretaría. La misma tendrá a su cargo “la planificación e implementación de políticas públicas que apunten a reducir los niveles de violencia armada, a partir de una estrategia integral de control y educación que evite el fácil acceso a armas y municiones, y que al mismo tiempo desaliente su uso”.
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