La decisión de recuperar el control estratégico de YPF representa un acto fundamental para la consolidación y profundización del modelo encabezado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta política de estado no sólo se inscribe en las mejores tradiciones del campo nacional y popular sino que garantiza para todos los argentinos el resguardo de nuestra soberanía política y económica en materia energética.

En estos últimos 9 años de desarrollo con inclusión social, la demanda de energía fue creciendo vertiginosamente al ritmo de la producción industrial. Repsol, a cargo de YPF, lamentablemente, no ha acompañado a este nuevo modelo de país. No ha invertido ni en exploración ni en producción. Por el contrario, sus ganancias sólo engrosaron las cuentas de su casa matriz. Esta actitud predatoria, condujo a que los argentinos debamos importar cantidades inéditas de petróleo y gas poniendo en riesgo nuestra economía.

A partir de considerar a esta actividad como de interés público, el Estado expropiará el 51% de las acciones de Repsol. Lejos de ser una medida centralista, el proyecto de Ley contempla para la Nación y las provincias petroleras la dirección política y económica de nuestra empresa de bandera conforme a lo establecido en la Constitución Nacional y al espíritu federal que orienta al gobierno nacional.

Frente a ciertos temores infundados, es válido aclarar algunos puntos. No estamos ante una acción improvisada. El gobierno abordó este problema desde siempre y la expropiación es lo que reclama la etapa. No existe animosidad ni con España ni con el sector privado. Se interviene porque la política de Repsol chocaba con los intereses del país. Por último, la Ley plantea como ineludible una gestión eficiente, eficaz y profesionalizada.

Es vocación de este proyecto de mayorías seguir debatiendo los grandes temas nacionales. Asumir como premisa la preeminencia de la política por sobre las corporaciones, como en este caso, es condición necesaria para la construcción de una Patria para todos.