Fracasó la audiencia de conciliación judicial entre los vecinos que ocupan las casas inconclusas del barrio Smata y autoridades del Ejecutivo, en tanto los actores no se movieron de sus planteos, los primeros reclamando los servicios básicos y el Estado local denegándolos.

Durante una hora y media, el juez Francisco Blanc escuchó al secretario de Legal y Técnica, Marcelo Giaconi, en representación del Gobierno, y el defensor oficial, Diego Araujo, asesor de los habitantes del complejo.

Afuera de la oficina, más precisamente en los pasillos del edificio judicial ubicado en San Martín y Rodríguez (Civil y Comercial), una docena de ocupantes aguardaron con expectativas la definición de una instancia que no trajo conclusiones.

Finalmente quedó constancia en las actas que las partes ratificaron sus posturas, en tanto el Ejecutivo solicitó que se incorpore al expediente la postura del sindicato de mecánicos en su calidad de propietario, o en su defecto los adjudicatarios. A su turno, el defensor oficial consideró innecesaria la requisitoria municipal.

Así las cosas, y tras dar traslado, el juez le otorgó a la comuna 2 días para presentar el informe socioambiental, y luego tendrá su señoría 5 días hábiles para dictar la sentencia en torno al amparo.

El doctor Blanc había pedido un informe para analizar la situación familiar y sanitaria de las 3 familias que motivaron el recurso.

Giaconi calificó la audiencia como "muy normal y tranquila", donde cada uno "mantuvo su tesitura" con "sumo respeto".

Por su parte, Araujo también trazó un balance del encuentro donde "lamentablemente no pudimos arribar a un acuerdo", por lo cual el fallo quedará sujeto a las peticiones de la Defensoría Oficial y las argumentaciones del municipio.

En cuanto a los plazos, el defensor oficial confía en tener un dictamen judicial durante la semana entrante, aunque Giaconi había sostenido que se demandará, según lo establece la ley, 7 días hábiles (2 para el informe socioambiental, y luego 5 para la sentencia).

"Esperaba que el municipio se manifestara en forma conciliatoria, pues en todo momento les refirió a las personas que ocupan el barrio que esperaban la resolución del juez, con lo cual todo hacía prever que estando judicializada la petición, había la posibilidad cierta de llegar a un acuerdo", algo que no sucedió.

En declaraciones al programa "Cada Mañana", de AM 1560, Araujo también se refirió a la negociación que entablaron 2 de las 3 familias -que presentaron el amparo- con el Gobierno comunal, donde estarían en condiciones de aceptar un alquiler por un año o materiales a cambio de abandonar la toma.

"Fue lo único lamentable de esta siuación, pues no se le puede endilgar absolutamente nada a las familias que represento porque es evidente que la relación existente entre el Estado y los vecinos ocupantes es de notable desigualdad", manifestó el funcionario judicial, para agregar que "cualquier acuerdo que se les proponga, si satisface los requerimientos que tienen en consonancia con la grave problemática habitacional, bienvenido sea para ellos", culminó.