Es un hecho que la Justicia ya habría imputado al director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Arturo Aguirre, al menos por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, si tuviera la certeza de que el electo diputado por el Frente Cívico y Social no cuenta con fueros parlamentarios.

Por tal razón, ahora es el Juez de Garantías José Carma, quien dictaminará si el ex ministro de Salud cuenta con el privilegio que poseen los legisladores para no ser acusados por ningún tribunal mientras dure su mandato, desde el mismo momento que fue electo diputado el pasado 13 de marzo.

En el caso que el magistrado dictamine que Aguirre sí tiene fueros, deberá decidir si da lugar o no al pedido del fiscal de Instrucción Nº 5 Juan Pablo Morales, para remitir el pedido de desafuero a la Legislatura provincial. El juez tiene 10 días para fallar por el sí o por el no. Si su dictamen es que no tiene fueros, el fiscal puede seguir con la causa y notificar a Aguirre de la imputación. En el caso que diga que sí tiene fueros y dé lugar al pedido del fiscal, el expediente será enviado a la Cámara de Diputados para su definición. Si falla por el no, Morales puede de todas formas remitir su pedido directamente a la Cámara baja provincial.

El pedido de la Justicia ingresa a la Cámara de Diputados, por ser a este cuerpo donde ingresaría Aguirre el 9 de diciembre (fecha en que asumirá su banca), y por ser las Cámaras legislativas jueces de sus propios miembros. Es decir, es el mismo pleno de la Cámara el que decide quién la puede conformar y quién no.

El expediente de Aguirre pasa directamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Juicio Político, donde sus miembros, con toda la información remitida por la Justicia, analizarán si da lugar o no al desafuero. Una vez que la Comisión emita su dictamen (por el sí o por el no), el mismo bajará al recinto para que la totalidad del cuerpo decida en torno a ese dictamen. De igual forma, para que el desafuero sea aprobado, deberá tener el acompañamiento de una mayoría calificada (es decir las dos terceras partes) de sus miembros.

Más complicado en diciembre

Como se sabe, así como la Justicia tiene sus tiempos, la Cámara de Diputados tiene los suyos.

Cuando el pedido de desafuero llegue a la Comisión de Asuntos Constitucionales, los diputados podrán tomarse todo el tiempo que consideren necesario para decidir qué hacen con el director de la OSEP. Esto podría hacer “zafar” a Aguirre de su desafuero, pero deberá atravesar otra instancia el día que le toque asumir. En ese momento, la Comisión de Poderes (encargada de analizar y aprobar los títulos de los diputados electos para que puedan incorporarse al cuerpo) podría rechazar el título de Aguirre, y recomendarle al pleno de la Cámara que impida que el dirigente renovador asuma.

En el caso que el cuerpo rechace la incorporación de Aguirre y al no haber jurado como diputado, inmediatamente se corre la lista y deberá asumir el candidato que sigue; en este caso podría renovar su banca el actual diputado Daniel Andrada.

Algunos diputados que tienen varios años en la Cámara afirman que si Aguirre llega hasta diciembre sin que el cuerpo defina su suerte, cuando la Comisión de Poderes analice su título “se la verá complicada”, ya que recuerdan que en el 2003 el diputado electo justicialista Carlos Gómez no pudo asumir su banca “por simples acusaciones, sin tener ningún pedido de desafuero en su contra”.

“El antecedente ya existe, y teniendo en cuenta que las acusaciones contra Aguirre son graves, es prácticamente un hecho que no podrá asumir”, indicaron.

Antecedentes

Si la Comisión de Asuntos Constitucionales falla a favor del desafuero de Aguirre y el cuerpo aprueba ese dictamen, sería la primera vez que ocurre que a un diputado se le quitan los fueros antes de que asuma. No obstante, si la definición se dilata y llega hasta el 9 diciembre, no sería la primera vez que la Comisión de Poderes impide que un diputado ocupe su banca. Tal es el caso de Carlos Gómez, electo diputado por el PJ en el 2003.

En la sesión preparatoria del martes 9 de diciembre, la comisión pospuso su asunción hasta el arranque de las sesiones ordinarias del 2004, teniendo en cuenta una nota remitida por vecinos de la localidad de Tapso, departamento El Alto, en la que denunciaban a Gómez por supuestos hechos delictivos cuando él era el intendente. Durante las sesiones ordinarias, el debate siguió y Gómez finalmente no pudo asumir. En su lugar, lo hizo el saadista Luis Hugo Contreras.