El gremio exigirá que se respete el aumento del 27% anunciado en noviembre para los judiciales rionegrinos. De todas maneras, no prevén nuevas medidas de fuerza.
Además de cuestionar durante la actitud adoptada por los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), los dirigentes de Sitrajur no descartaron ayer la posibilidad de recurrir a la propia Justicia para que se respete el acuerdo homologado en la Secretaría de Trabajo, donde se establecía esa cifra de aumento y no el 15% tal cual se anunció oficialmente.
La información difundida ayer en torno a la reducción de estos 12 puntos golpeó duro entre los dirigentes del gremio que conduce Estela Quisles.
Ayer mismo se realizó una reunión de comisión directiva en el predio que el sindicato tiene sobre la Ruta Nacional 22, en Stefenelli, para evaluar los pasos a seguir.
"Expresamos nuestra más profunda indignación por la negligencia demostrada por el STJ al no cumplir con el acuerdo paritario homologado por Trabajo de la Provincia", expresaron los dirigentes a través de un solicitada.
Quisles, en diálogo con "Río Negro", aseguró que efectivamente el propio Alberto Balladini le comunicó la reducción de los 12 puntos en el incremento salarial y aclaró que esta actitud resulta "sistemática" por parte del máximo tribunal judicial de Río Negro.
"Aceptamos el 15% que se nos va a pagar con los salarios de enero pero no renunciamos al 27% que fue lo acordado", dijo la dirigente quien aseguró que iniciarán todas las actuaciones administrativas y judiciales para que se cumpla con ese convenio.
Ahora convocaron a cada una de las circunscripciones a realizar el 3 de febrero asambleas resolutivas para analizar los pasos a seguir, aunque la propia Quisles aclaró que no visualiza a corto plazo un plan de lucha que incluya el paro de actividades.
La dirigente expresó su repudio a la actitud adoptada por el STJ, atento a que existe un acuerdo establecido en noviembre del año pasado, que fijaba un incremento salarial del 27% en los trabajadores de la Justicia. Las autoridades del Poder Judicial aseguran que el presupuesto asignado por el Ejecutivo y aprobado en la Legislatura impide cumplir con ese compromiso.
Comentá la nota